En una pequeña cancha de tierra de la cooperativa Janeth Toral 2, noroeste de la ciudad, Máximo, de 10 años, junto con su hermano Sebastián (6) se columpian sobre unas llantas viejas que cuelgan de un tubo oxidado.

Son las 11:00 de un jueves cualquiera y ambos menores deberían estar estudiando, pero por falta de dinero sus padres no pudieron volver a matricularlos en aquel plantel particular de la zona, donde pagaban $ 30 mensuales por pensión.

“Mi esposo perdió su trabajo. Entonces, pedí al Ministerio un cupo para trasladar a los niños a un establecimiento fiscal, pero no tuve suerte”, cuenta con tristeza Elizabeth Valencia, madre de los pequeños.

A ellos se une Melissa, de 13 años, quien tampoco forma parte del sistema educativo nacional por las mismas razones que tienen sus amigos, con quienes corre y salta, pero también ayuda en las tareas domésticas de su casa.

Estos menores forman parte de los 195.188 niños y adolescentes de entre 5 y 17 años que han dejado de asistir a las escuelas y colegios, principalmente por temas económicos, según un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) dado a conocer la semana pasada.

Esta cifra preocupa a expertos en educación consultados por EXPRESO, quienes señalan que el abandono escolar, que se agudizó con la pandemia que provocó el cierre de las aulas desde marzo de 2020 hasta mediados de 2022, traerá retroceso en el sistema educativo y ahondará los vacíos de conocimientos para los niños que han dejado de recibir clases.

“No estudio desde el año pasado. Me quedo en casa jugando. Mientras mi mamá trabaja, cuido de mi hermano menor que tampoco va a la escuela, limpio la casa y cocino”, cuenta Melissa con tristeza.

El sistema educativo de Ecuador está compuesto por 4,5 millones de estudiantes y de acuerdo con el informe del INEC, el 34,17 % que abandona las aulas son adolescentes de entre 16 y 17 años, quienes han dejado de lado su formación académica para dedicarse a trabajar y ayudar con los gastos del hogar.

Este es el caso de Marcelo (17), quien estudiaba el segundo año de bachillerato en un colegio fiscal de este mismo sector periférico de la ciudad. El año pasado, su padre, quien era carpintero, murió por una enfermedad terminal y entonces tuvo que abandonar el colegio y sus sueños de ser docente para ponerse a trabajar en el mismo oficio y sacar adelante a su familia conformada, también, por su madre que es diabética e hipertensa.

Marcelo no sabe cuándo retomará sus estudios, ya que debe seguir trabajando para comer y comprar las medicinas de su progenitora.

Carlos Montenegro, analista educativo, concuerda con el informe del INEC que señala que una de las principales causas de la deserción escolar es la pobreza. “Además, muchos padres se han visto en la necesidad de retirar a sus hijos del sistema educativo, incluso del fiscal que se supone que es gratuito, debido a la conocida ‘cuota voluntaria’ que se les está pidiendo para arreglar la infraestructura de los planteles que no recibieron mantenimiento durante los dos años de clases no presenciales.

“A veces no tenemos ni para comer, peor para dar esa aportación que la llaman voluntaria, pero que finalmente el padre se ve obligado a entregar”, indica María Romero, madre de cuatro menores, quien experimentó este problema que fue abordado por EXPRESO en varias ediciones.

Juan Carlos Rodríguez, exsubsecretario de Educación, se muestra preocupado por este panorama que, a su criterio ahondará la brecha de aprendizaje de quienes accedieron a la educación porque tuvieron los recursos para hacerlo, frente a aquellos que ya no van a la escuela y tampoco son factores productivos para el país.

“El abandono escolar tiene como consecuencia que tengamos niños y adolescentes que entran al mundo laboral o que están en las calles sin hacer nada. Creen que la vida no ha sido justa con ellos y empiezan a tener espíritu de rebeldía y se convierten en caldo de cultivo para las drogas, la delincuencia, etc.”, remarca.

Por eso, Rodríguez apunta a que el sector social debe ser atendido de manera prioritaria para cortar esos círculos de violencia. “Hay que invertir más en educación, contratar más docentes, ampliar la infraestructura escolar en donde la población haya crecido, acercar la oferta educativa donde están los escolares”, sugiere.

Rómulo López Seminario, presidente de la Confederación Ecuatoriana de Establecimientos de Educación Católica (Confedec), plantea que el Gobierno, junto a organismos seccionales y todos los ministerios, velen no solo por el acceso de los menores a las instituciones educativas, sino también que les ofrezcan los servicios que le ayuden a enfrentar toda la problemática socioafectiva y emocional adquirida, producto de la pobreza, hambre, etc.

“Para reinsertarlos nuevamente en el sistema educativo se debería realizar un monitoreo y seguimiento a los estudiantes; pero no solo para brindarles conocimiento y aprendizaje, sino también para darles el apoyo socioemocional que necesitan”, puntualiza.