En la crisis carcelaria hay de todo, menos control. Hay asesinatos a sangre fría y en masa, reos que se suben al techo de la Regional para demostrar que sigue la fiesta, gobernadores que van a sitio para la foto y una ministra de Gobierno que tiene que leer teleprompter para hablar al país sobre el tema y que, en rueda de prensa, no tiene reparos de decir que ella no conoce entretelones de acciones tan delicadas como los indultos otorgados tras la masacre del 28.

Y entre todo lo que hay, también hay mucho que falta. Por ejemplo, hay decomiso de armas, máquinas de gimnasio, alcohol y hasta cultivo de marihuana dentro de las celdas, pero no hay explicaciones de cómo entraron allí.

Hay indicios, por fuentes de este Diario, de corrupción por parte del personal penitenciario, pero aún no hay ni soluciones ni un equipo gubernamental que camine a soluciones integrales.

De hecho, fue la Corte Constitucional la que debió instar al presidente de la República a designar a un delegado para presidir el Directorio del Organismo Técnico de Rehabilitación Social (Dotrs), de conformidad con los artículos 202 de la Constitución de la República del Ecuador, y 674 del Código Orgánico Integral Penal, el 29 de septiembre, un día después de la masacre.

Con la excusa que usa el Gobierno en casos en que lo apremia la responsabilidad urgente: “acabamos de llegar”, aunque eso haya sido en mayo, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, ha podido zafarse de responsabilidades, bajo el argumento de que a la fecha de la petición de la Corte se ejecutaba un análisis exhaustivo en el tema carcelario y del marco legal que compete.

Al final, el 2 de octubre, fue nombrada la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, como delegada del Gobierno en el Organismo Técnico del Sistema de Rehabilitación Social, quien en julio pasado, ante un llamado del presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea, Ramiro Narváez, se había excusado por cuanto el asunto de las posibles violaciones de Derechos Humanos no era un tema “adherente” a la cartera que preside.

“Cuando fue llamada a comparecer, dijo que la Secretaría de Derechos Humanos no tiene nada que ver con los derechos humanos en la cárcel. Una persona que se lava las manos de esa manera ahora está al frente del tema. Eso no debería pasar”, critica Narváez.

Este medio solicitó una entrevista sobre el tema al equipo de Bernarda Ordóñez, la respuesta está en camino. De acuerdo al asambleísta Narváez, “el Gobierno ha presentado una débil respuesta ante la crisis carcelaria”.

“El organismo estuvo acéfalo cuatro meses y no se ha hecho nada todo este tiempo para reajustar presupuestos que el Gobierno anterior redujo. No hay intención de diálogo tampoco, hemos dado varias recomendaciones, hemos visto cómo la Corte, la CIDH y hasta las Naciones Unidas han exhortado al Gobierno para mejorar el panorama, para que mire la crisis, parece que no entienden que se puede repetir la ola de violencia, que se puede trasladar a las calles”, dice.

El consultor en gestión pública y política pública Gonzalo Albán indica que es el Ministerio de Gobierno el que entre sus funciones tiene el control del orden público y la seguridad ciudadana, y no puede deslindarse de ella.

Desde su análisis, “no es aún visible una propuesta integral para atender la problemática, pero tampoco hay una concentración plena en esta”. “El Gobierno tiene tantos frentes abiertos, que no tiene claro cómo atenderlos ni cuenta con funcionarios que se apersonen y propongan soluciones. Prefieren no hacerse responsables y endilgar culpas a otros”, opina.

Albán cree también que se puede mejorar la gestión local de la problemática. “El perfil del actual Gobernador probablemente no sea el adecuado para la tan difícil tarea. Sin bien se perciben en este buenas intenciones, su perfil podría ser más útil para el Gobierno en otra cartera que se apegue a su experiencia y formación”.

Mucho show y pocos resultados, lee la experta en derecho administrativo y laboral y catedrática Diana Acosta, que llama al presidente a obtener asesoría inmediata de Estados Unidos. “Porque hoy la masacre es en la cárcel y mañana será en las calles. No es un tema que pueda esperar”, advierte. Además, observa que urge “completarle el equipo a la ministra de Gobierno, para que se ayude”.

Lo dice porque Ecuador no tiene aún viceministro del Interior. Esa cartera ha resaltado a EXPRESO que el tema de la cárcel le compete estrictamente al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI), cuyo director, Bolívar Garzón, aún no responde.

Algunos temas a revisar

• Población. El abuso de la prisión preventiva ha llenado la cárcel de Guayaquil, donde hay un 62 % de hacinamiento.
• Organismo. El equipo del Organismo Técnico también lo integran los ministerios de Trabajo, Deportes y, entre otros, Cultura.
• Acciones. La reestructuración del sistema carcelario contempla indultos, redistribución de población carcelaria y otras medidas.