La clínica privada del norte de Guayaquil que fue acusada de retener el cadáver de una mujer, como supuesta garantía del pago de 67 mil dólares por servicios médicos, deberá pedir disculpas públicas a los familiares de la fallecida.

Luego de la denuncia de José Julián Varas, hijo de Marianita de Jesús Flores, que fue difundida por EXPRESO el pasado 29 de abril, este presentó una acción de protección con medida cautelar que fue apoyada por la Defensoría del Pueblo.

La señora ingresó de emergencia a dicha casa de salud el 18 de marzo pasado por COVID-19. Aunque los médicos de la clínica le dijeron a sus familiares que ella había superado el coronavirus, finalmente falleció el 26 de abril por una aparente bacteria adquirida, detalló su hijo.

No obstante, cuando Varas realizó los trámites para retirar el cadáver, por temor a que lo ingresaran a los contenedores del Ministerio de Salud Pública (MSP), en la casa de salud se negaron a devolverlo hasta que cancelara su factura. 

Finalmente, y luego de la denuncia que publicó este Diario, el cuerpo fue entregado a sus familiares el pasado 30 de abril y fue sepultado en el cementerio general de la Junta de Beneficencia.

Sin embargo Mirelli Icaza, coordinadora Zonal 8 de la entidad que actuó como tercera interesada en la causa, recalcó que aunque se devolviesen los restos, la clínica incurrió en graves vulneraciones de derechos, como “la retención del cadáver como forma de pago de una deuda”.

“Primero, se violó la dignidad humana, no solo de la persona que falleció, sino también de los familiares. Hubo una violencia a la salud psicológica de los parientes y a acceder a servicios de salud de calidad”, detalló.

Icaza aclaró que este caso queda como un precedente para que ninguna clínica privada, “por lo grotesco y violento del hecho”, pueda tomar a un cuerpo como prenda económica y para que, si existen más perjudicados, puedan hacer reclamos. “Es una garantía de no repetición”, apuntó.

Añadió que como argumento de defensa durante la audiencia, realizada el pasado lunes 4 de abril, representantes de la clínica habrían manifestado que presuntamente retuvieron los restos de la señora por razones médicas.

EXPRESO se comunicó a los números telefónicos que aparecen en el sitio web de la clínica, pero quienes contestaron, un guardia y una recepcionista, comentaron que allí no habían ningún representante que se pronunciara al respecto.

Icaza añadió que la casa de salud apeló la sentencia, que consiste en publicar disculpas en su página web en un lapso de siete días laborables a partir de la última audiencia, ocurrida el 8 de mayo de 2020.

“El proceso continúa, pero eso no significa que la sentencia no se deba ejecutar. Los efectos no se suspenden con la apelación”, recalcó la Defensora.

El Comité Permanente de Derechos Humanos (CDH) lleva un registro de los fallecidos en los hospitales públicos de Guayaquil y, de acuerdo a Billy Navarrete, secretario ejecutivo de la entidad, los familiares de las personas cuyos cadáveres no aparecen, demandarían al Estado.

“Estamos trabajando en coordinación con la Defensoría del Pueblo (DPE) para solicitar información sobre el paradero de cuerpos a instituciones del Gobierno encargadas del manejo de cadáveres”, precisó.

Hasta ahora tienen una lista de más de 20 personas que no encuentran a sus parientes. Navarrete comentó que están esperando la respuesta gubernamental. “Hoy (ayer) concluye el plazo para recibir respuesta de Gobierno al pedido de información presentada por la DPE. En caso de no recibir respuesta se programa presentar acción de protección entre CDH y DPE”, anunció.