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Diario Expreso Ecuador

Crisis energética

Sector energético: décadas de improvisación mantienen al país al límite, advierte experto

Falta de planificación, inversión retrasada y debilidad institucional explican la crisis estructural del sistema eléctrico en Ecuador

Técnicos hacen trabajo de mantenimiento en el sistema eléctrico.

Técnicos hacen trabajo de mantenimiento en el sistema eléctrico.Archivo/ Expreso

Lina Zambrano
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Lo que debe saber

  • El sistema eléctrico opera al límite por falta de inversión y planificación sostenida. 
  • La alta dependencia hidroeléctrica y baja capacidad térmica aumentan el riesgo de apagones.
  • Experto pide una política energética de largo plazo y mayor apertura a la inversión privada.

El sector energético ecuatoriano vuelve a estar bajo presión. Más allá de los cambios de autoridades, el problema parece repetirse: decisiones de corto plazo, falta de planificación y una estructura institucional débil que no logra sostener políticas a largo plazo.

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Para el ingeniero Roberto Aspiazu Estrada, presidente ejecutivo de la Cámara de Energía del Ecuador, el país arrastra errores estructurales que explican la situación actual. “Es el resultado de décadas de decisiones políticas que han priorizado el discurso sobre la técnica y los intereses de grupos específicos sobre el bien común”, sostuvo en una entrevista en Ecuavisa.

¿Cuál es el principal problema?

Uno de los principales problemas, según el experto, es la falta de equipos técnicos sólidos en áreas clave. Energía, petróleo y ambiente requieren especialistas, pero además una coordinación eficiente dentro de un “superministerio” que agrupa sectores altamente complejos. “No es trabajo de una sola persona, sino de un equipo con experiencia”, enfatizó.

En el ámbito eléctrico, el desafío pasa por cambiar el modelo de desarrollo. Ecuador mantiene un esquema predominantemente estatal, pese a que no cuenta con los recursos necesarios para cubrir la inversión requerida. Aunque se han aprobado reformas a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, la más reciente en marzo de 2026, el reglamento aún está en proceso, lo que mantiene en pausa la entrada de inversión privada.

Mientras tanto, el sistema opera al límite. Desde octubre de 2023, el país ha enfrentado apagones recurrentes, especialmente en momentos de transición política. La alta dependencia de la generación hidroeléctrica, que puede cubrir hasta el 90 % de la demanda en condiciones óptimas, se convierte en una vulnerabilidad cuando disminuyen los niveles de agua.

¿Qué agrava el problema?

La falta de capacidad termoeléctrica suficiente agrava el problema. A esto se suman fallas en planificación y procesos contractuales que no lograron concretar la incorporación de nueva generación. “El sistema sigue trabajando en modo de estrés”, advirtió Aspiazu.

Las debilidades no se limitan a la generación. También hay problemas en transmisión, distribución y comercialización, donde la infraestructura opera cerca de su capacidad máxima. En la Costa, varias subestaciones funcionan al 100 %, con riesgos de interrupciones y problemas de voltaje en ciudades como Manta, Santa Elena, Guayaquil y Machala.

A esto se suma la inestabilidad institucional. La alta rotación de ministros y equipos técnicos ha impedido consolidar procesos, afectando la planificación y la credibilidad del país frente a inversionistas. “La institucionalidad del sector público es débil y eso se traduce en atrasos acumulados”, explicó.

¿Cuál es la situación en el frente petrolero?

En el frente petrolero, el diagnóstico no es más alentador. La ley vigente data de 1978 y no refleja los cambios de la industria global. La falta de inversión en exploración ha llevado a consumir reservas sin reponerlas, mientras la producción muestra una tendencia decreciente desde hace más de una década.

Frente a este escenario, el experto plantea la necesidad de una política energética de Estado que trascienda los gobiernos de turno. Un plan de largo plazo, de 30 o 50 años, permitiría dar estabilidad al sector, algo que hasta ahora no se ha logrado.

Otro punto crítico es el esquema tarifario. Los subsidios distorsionan el mercado y desincentivan la inversión privada. Sin ajustes progresivos que reflejen los costos reales, será difícil atraer capital para nuevos proyectos de generación.

A pesar de los avances normativos recientes, el país sigue en una etapa de transición. La apertura a la inversión privada, especialmente en esquemas como la autogeneración, aparece como una alternativa para aliviar la presión sobre el sistema.

Sin embargo, el tiempo apremia. Con un sistema que funciona al límite y una demanda creciente, el desafío no es solo evitar nuevos apagones, sino romper un ciclo de improvisación que se repite desde hace décadas.

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