Subsidios, apagones y déficit: las señales del estancamiento económico en Ecuador

La economía ecuatoriana atraviesa una fase prolongada de estancamiento, una situación que no se revierte pese a las proyecciones del Fondo Monetario Internacional que sitúan el crecimiento del país en torno al 2,5%, ligeramente por encima del promedio regional. El dato, lejos de ser una señal de recuperación sólida, refuerza las dudas sobre la capacidad del país para romper una inercia que se arrastra por más de una década.

Crecimiento débil en una región que también se rezaga

El bajo dinamismo económico no es exclusivo de Ecuador.

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Latinoamérica lleva años creciendo por debajo de otras economías emergentes, como las del Este asiático. 

Sin embargo, el caso ecuatoriano muestra señales particularmente preocupantes, tanto por la fragilidad de sus motores productivos como por la limitada capacidad de maniobra fiscal del Estado.

Empleo estancado e ingresos en retroceso

Uno de los indicadores más reveladores es el empleo adecuado, que se mantiene prácticamente inmóvil desde hace más de diez años, sin superar los tres millones y medio de trabajadores. 

A esto se suma la caída del ingreso promedio, que en el último año se redujo en cerca de 50 dólares, lo que deja poco margen para exigir nuevos sacrificios a los trabajadores.

En paralelo, la producción petrolera —históricamente uno de los pilares de la economía nacional— continúa en descenso, mientras el refinamiento enfrenta constantes paralizaciones que limitan su aporte al crecimiento.

Sector eléctrico, el punto crítico del estancamiento

El caso más evidente de las debilidades estructurales del país es el sector eléctrico. 

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En 2024, los estiajes derivaron en apagones de hasta 14 horas, con un efecto devastador en la economía, que se contrajo cerca de dos puntos porcentuales.

Pero la crisis no se limitó a la generación. En al menos dos episodios, el 19 de junio y el 21 de diciembre, fallas en la transmisión provocaron apagones masivos, dejando en evidencia que la fragilidad del sistema va más allá del nivel de los embalses o del caudal de los ríos.

Apagones regresan y las explicaciones no convencen

Contrario a las promesas oficiales, los cortes de energía han regresado en lo que va del año. 

Las autoridades han atribuido estos eventos a sobrecargas del sistema causadas por picos de demanda durante la ola de calor, aunque expertos señalan que el problema de fondo es la falta de mantenimiento e inversión en transmisión y distribución.

Incluso las explicaciones oficiales han sido inconsistentes. Mientras el Gobierno habla de sobrecarga, el presidente Daniel Noboa llegó a mencionar una supuesta tormenta solar, lo que incrementó las dudas sobre el diagnóstico real del problema.

A esto se suma el malestar ciudadano por cortes no programados y apagones que coincidieron con medidas de seguridad, como el toque de queda de marzo, alimentando la percepción de opacidad en la gestión del sistema eléctrico.

Déficit eléctrico y subsidios que no cuadran

Más allá de las versiones oficiales, hay un dato difícil de ignorar: el sistema eléctrico opera con un déficit estructural. 

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Según informes técnicos, el costo real de generar, transmitir y distribuir un kilovatio-hora es de 12,83 centavos, más de dos centavos por encima del precio promedio que pagan los usuarios.

Este desfase genera un déficit tarifario cercano a los $600 millones, que debe cubrir un Estado ya golpeado por un déficit fiscal general, atrasos en el pago de subsidios y la presión de otros gastos sociales y de emergencia.

Endeudamiento y atrasos que agravan la crisis

La situación se torna más delicada al considerar que el Estado mantiene atrasos cercanos a los $800 millones en el pago de subsidios a las distribuidoras eléctricas, justamente las empresas que requieren mayores recursos para mantenimiento e inversión.

Aun así, el Gobierno continúa anunciando nuevos subsidios, algunos de carácter puntual, que podrían sumar decenas de millones de dólares adicionales a una carga fiscal ya insostenible.

Una decisión inevitable para los ciudadanos

El panorama deja una disyuntiva clara: pagar más cada mes por la electricidad o asumir mayores pérdidas por futuros apagones. 

Ninguna de las opciones resulta sencilla para los hogares ecuatorianos, especialmente en un contexto de empleo estancado y salarios debilitados.

El estancamiento económico, la crisis eléctrica y la dependencia de subsidios dibujan un escenario donde las decisiones postergadas ya no parecen una opción viable, y donde el costo final termina recayendo, una vez más, en los ciudadanos.