Sector bursátil alerta que reforma al mercado de valores afectaría el 90 % de las negociaciones

Tras el primer debate en el pleno, representantes del sector bursátil comparecieron ante la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional para exponer sus observaciones al proyecto de reforma al mercado de valores. 

Participaron la Asociación de Casas de Valores de Ecuador (Asocaval), las bolsas de Quito y Guayaquil, el especialista José Enrique Mantilla Morán y el abogado César Coronel Garcés.

El proyecto reforma el Libro II del Código Orgánico Monetario y Financiero (COMF), que regula el mercado de valores, y debe pasar aún por segundo debate. 

En la sesión, el propio sector que pide modernizar el mercado advirtió que la redacción actual podría reducir en $16.385 millones los volúmenes negociados, el 89,91% de lo que hoy se transa en bolsa.

Catalina Pazos, directora ejecutiva de la Asociación de Casas de Valores de Ecuador (asocaval), abrió la sesión con un diagnóstico compartido por todo el sector bursátil: Ecuador necesita un mercado de capitales más profundo e institucionalizado. 

La relación entre el volumen negociado y el Producto Interno Bruto (PIB) es baja frente a la región.

Pazos explicó que la región avanza hacia la integración bursátil, con ejemplos como NUAM, el holding que integra las bolsas de Chile, Colombia y Perú. Para ella, Ecuador no debería quedar fuera de esa tendencia.

El punto más discutido de la comparecencia fueron los artículos 4, 29 y 74, que amplían el rol de intermediarios de valores a bancos, cooperativas y aseguradoras. 

"¿Por qué se está incluyendo a entidades que tienen otro giro de negocio a hacer una actividad en la cual no están especializadas?", preguntó Pazos.

¿Por qué preocupa que los bancos intermedien valores?

Esteban Pérez, gerente legal de la Bolsa de Valores de Guayaquil (VBG), advirtió que incluir a instituciones no especializadas repite errores del pasado. 

"Esto es volver a un nivel de concentración de actividades financieras típico de la época previa a la crisis económica más grande que ha sufrido nuestro país", dijo.

Pérez agregó que "no hay infraestructura regulatoria ni supervisora para supervisar la actividad de estas 500 nuevas instituciones que van a entrar de la noche a la mañana a intermediar en el mercado de valores".

Uno de los argumentos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para incluir a los bancos es que su mayor patrimonio reduciría el riesgo de contraparte. 

Pérez desmontó esa lectura: las casas de valores son intermediarias y no toman posición con recursos propios, por lo que el patrimonio no es el factor relevante. 

"Este argumento de que esto solucione el riesgo de contraparte es falso", afirmó.

Pazos precisó que los grupos financieros ya pueden participar en bolsa a través de casas de valores subsidiarias, un mecanismo que equilibra la competencia sin sacrificar la especialización.

José Enrique Mantilla Morán, especialista en desarrollo de mercados financieros, explicó una lectura distinta: para él, el problema no es abrir el mercado a nuevos intermediarios, sino garantizar que los depósitos centralizados reporten diariamente esa información a las bolsas.

Mantilla agregó que la norma no habilita a las 500 instituciones de forma automática, porque toda participación quedaría sujeta a la regulación de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria.

¿Qué pasa con la deuda pública y el mercado extrabursátil?

En la discusión sobre mercados extrabursátiles, Diana Torres, presidenta de la Bolsa de Valores de Quito (bvq), afirmó que las transacciones de deuda pública deben pasar por bolsa para garantizar una formación de precios real, basada en oferta y demanda.

Torres explicó que lo extrabursátil debería limitarse exclusivamente a la colocación primaria de deuda pública, mientras el mercado secundario se mantiene en el ámbito bursátil para proteger al inversionista y evitar el arbitraje de precios.

Torres precisó, además, que "no es real el argumento de que tiene un costo para el Ministerio de Finanzas la colocación de la deuda, porque nosotros como mercado de valores al Ministerio no cobramos comisión". El costo lo asume el comprador.

Mantilla sumó un dato técnico: Ecuador no tiene una curva de rendimientos ni una tasa básica de referencia, algo que Chile, Perú y Colombia construyeron hace décadas con subastas regulares de deuda. Sin esa referencia, dijo, "mal puedo tener formación de precio para los títulos valores".

Mantilla agregó una lectura histórica: en 1995 el mercado movía cerca de $800 millones diarios en reportos; hoy esa cifra es cero. 

"Nuestros puntos de comparación hoy en día son Mozambique, Uganda, países de tercer nivel en África. Es una pena lo que hemos perdido", afirmó.

El gremio calcula que, de mantenerse la redacción actual, el mercado de valores pasaría de representar el 14% del PIB a apenas el 1,26%, el nivel más bajo de la región.

¿Qué propone el sector para modernizar el mercado?

Pese a las críticas, los comparecientes reconocieron aspectos positivos del proyecto, en particular la modernización de los depósitos centralizados de valores y del sistema de compensación y liquidación con estándares internacionales.

Entre las propuestas compartidas figuran la integración transfronteriza, un régimen simplificado para pymes —como el que aplicó México, con un crecimiento del 10.000% en una década— y la reactivación de los reportos como herramienta de liquidez.

También coincidieron en impulsar el mercado de commodities agrícolas, la titularización de flujos futuros y la figura de los market makers.

¿Qué dicen los legisladores?

Una asambleísta cuestionó el fondo de la reforma. Advirtió que mezclar el Libro I —sistema financiero— y el Libro II —mercado de valores— podría generar vicios de inconstitucionalidad, y pidió tratar ambos por separado.

La legisladora también citó la crisis de 2008 en Estados Unidos para advertir sobre el conflicto de interés si un banco coloca papel de una empresa cuya deuda ya conoce como acreedor. 

Preguntó a Pazos qué porcentaje del negocio bursátil podría migrar hacia la banca.

Sobre el riesgo para los jubilados, Mantilla explicó que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social concentra cerca del 65% de la deuda pública interna y que la reforma busca reducir esa dependencia al permitir que la banca pública crezca de $1.700 millones en papel público hasta $9.000 o $10.000 millones. 

"Los jubilados deben ser pagados en efectivo, crédito directo a su cuenta, no tienen que recibir un papel que no conocen", afirmó.

Pazos pidió una mesa técnica antes del segundo debate para incorporar las observaciones del sector. La presidencia de la comisión quedó atenta a recibirlas por escrito.