Fabián Pozo Neira: “La justicia no puede ser un instrumento político”

El 17 de mayo de 2023, mientras el país seguía estupefacto el anuncio de la disolución de la Asamblea Nacional, Fabián Pozo Neira vivía la jornada desde el corazón del gobierno.

Como secretario jurídico de la Presidencia encabezada entonces por Guillermo Lasso, formaba parte del equipo que atravesaba una de las decisiones más complejas del periodo: la activación de la muerte cruzada en medio de un juicio político en curso.

La escena, marcada por la presión institucional y la incertidumbre, se convertiría después en el punto de partida de una reflexión más amplia que, con el tiempo, derivó en el libro Boicot político: el retorno de los sofistas, cuya segunda edición se lanzó recientemente en a capital.

La escritura de la obra surgió en paralelo a los hechos que analiza. Pozo comenzó a recopilar información, revisar documentos y reconstruir argumentos mientras aún se desarrollaba la defensa del entonces mandatario. “La investigación empezó a la par del juicio político, como un tema en curso. Pero obviamente, cuando se estableció el estándar de mínima verosimilitud, revisé nuevamente la sentencia y el expediente. Luego, tras la decisión de la Corte Nacional, decidí volver sobre lo que constaba allí”, explica.

A partir de ese proceso, que tomó varios años, surgió la idea de convertir ese episodio en una obra y de dejar por escrito elementos que, según señala, no fueron expuestos ni visibilizados en su momento.

Del asombro a la acción

Abogado de formación, Fabián Pozo Neira ha desarrollado su carrera entre la práctica privada y la academia, con énfasis en el derecho económico y corporativo. Graduado de la Universidad del Azuay y con estudios de posgrado en la Universidad de California en Berkeley, su trayectoria lo llevó a vincularse con el sector público y aceptar el cargo de secretario jurídico del gobierno de Guillermo Lasso, un proyecto en el que -según afirma- creyó desde el inicio.

Desde ese espacio, se convirtió en uno de los principales responsables de la defensa legal del Ejecutivo y en una figura clave en la articulación de criterios jurídicos en un periodo atravesado por tensiones institucionales.

En ese contexto, el llamado caso Flopec -que más tarde se convertiría en el eje del juicio político- comenzó a perfilarse como un asunto técnico que, en un inicio, Pozo observó con distancia.

Se trataba de una investigación por presunto peculado vinculada a contratos de transporte petrolero entre la empresa estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y el consorcio internacional Amazonas Tanker Pool, suscritos en 2020.

La acusación sostenía que el entonces presidente habría permitido la continuidad de un contrato que supuestamente generaba perjuicios económicos al Estado, sin adoptar medidas para terminarlo pese a advertencias previas. Este argumento fue el único que superó el filtro de la Corte Constitucional y abrió la puerta al juicio político en la Asamblea Nacional.

Pozo siguió la evolución de ese proceso desde una mirada jurídica que, en ese momento, no anticipaba su dimensión política. Lo que inicialmente aparecía como una discusión técnica sobre contratos y responsabilidades administrativas terminó por convertirse en el núcleo de una confrontación institucional.

Añade que, a medida que el caso avanzaba y adquiría mayor visibilidad mediática, su reacción fue de creciente asombro.

Con el paso del tiempo, y tras la resolución de la Corte Nacional de Justicia que concluyó que no existían elementos para imputar responsabilidad penal al exmandatario, decidió volver sobre el caso y reconstruirlo desde su experiencia directa.

“Busco poner un reflector sobre una serie de errores y mentiras que llevaron al país a un punto de quiebre institucional y que sientan precedentes muy peligrosos para la democracia. No es correcto ni es justo que se espere el silencio de los justos, mientras se tolera y aplaude la narrativa de los malos”.

Tomar distancia de los hechos

El autor señala que, conforme avanzaba en el proceso de escritura, volvía a sentirse invadido por una sensación de impotencia frente a los hechos. Por ello, el enfoque académico se convirtió en una herramienta para tomar distancia de sus propias emociones.

“Creo que el punto de vista académico, el punto de vista filosófico en las cosas siempre te dan una guía para no ser totalmente parcializado. La postura y la visión académica, y la prudencia política también, te dicen que cuando redactas una norma tienes que pensar cómo se aplicaría en tu contra, cómo se aplicaría en el futuro cuando ya no estés”.

Al ser consultado sobre quienes califican la obra como un “ajuste de cuentas”, el autor descarta esa interpretación y remite a la lectura del texto. “Lo único que les respondería es que lean el libro con la misma objetividad con la que yo tuve que leer la sentencia”.

Un precedente a futuro

Pozo afirma que la obra no solo busca revisar el caso con las distancia del tiempo, sino generar debates actuales, entre ellos sobre el papel de la justicia constitucional. Advierte sobre lo que identifica como una tendencia hacia el activismo judicial. “Si bien existe una corriente que aboga por hacer política pública desde la justicia, eso es incorrecto y amenaza a la democracia y a la propia justicia constitucional, porque donde está el poder está el conflicto”.

En ese marco, también dirige un mensaje a los estudiantes de derecho, a quienes invita a ampliar su mirada sobre las corrientes jurídicas. “Creo que en la vida académica y en la vida profesional hay que ver las distintas escuelas y tendencias de pensamiento. No porque solo me enseñen teoría neoconstitucional esa es la única verdad. Hay que abrirse a otras perspectivas” indica.