A Ximena Peña le entró el apuro. Presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea, ella tiene que renunciar hoy, 6 de octubre, a su cargo de legisladora si quiere alcanzar a inscribir su candidatura a la Presidencia de la República por el partido de Gobierno o lo que queda de él, que es poco. Pero no quiere irse sin dejar un legado para la posteridad (y, quizá, para darse lija en la campaña): las leyes orgánicas de dos funciones del Estado, la Judicial y la Legislativa, que tiene casi listas en su Comisión. ¿Qué hacer? Lo normal en estos pagos: aprobarlas a martillazos, a las patadas, a última hora. Cuenta, para ello, con la invalorable complicidad del presidente César Litardo, responsable de las agendas. Anoche, luego del cierre de esta edición, habrá tenido lugar la inusual, rarísima doble sesión nocturna del Pleno convocada para aprobar ambas leyes, aunque no estén listas sino casi listas. La prioridad, aquí, parece ser no la excelencia de esos textos legales, sino la campaña electoral de Ximena Peña. Luego se quejan de su 2 por ciento de aprobación, pero eso es otra historia.

Tan así no están listas ambas leyes que el texto de la primera de ellas, el Código Orgánico de la Función Judicial, fue remitido a los asambleístas con 24 horas de anticipación, aunque el procedimiento estipula 48. Y lo peor: incluye temas que ni siquiera fueron debatidos, mucho menos consensuados. El más sospechoso: las nuevas reglas para el nombramiento de notarios. Que no puedan ser reelectos por más de dos periodos, se propone. Para Héctor Muñoz, miembro de la Comisión que resultó sorprendido por esta reforma, la cosa está clarísima: quieren las notarías vacantes para repartírselas mejor. Detrás de semejante pretensión se encuentra un angelito: José Serrano.

En cuanto a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la propuesta que Ximena Peña envió al Pleno para su aprobación incluye también artículos nunca debatidos. Entre ellos, la creación de nuevas comisiones permanentes: una para la niñez y la adolescencia, otra para los derechos humanos, temas que muy bien podrían ser cubiertos por la hasta ahora inservible Comisión de Derechos Colectivos (tan inservible que, durante los diez años de su gobierno, los correístas se la cedieron a la oposición).

Pretende también la nueva ley orgánica de la Asamblea que Ximena Peña quiere aprobar a última hora antes de irse, dificultar aún más el ya casi imposible proceso de autodepuración de la Función Legislativa. La idea, nunca debatida en la Comisión de Justicia, pero aterrizada sin anunciarse en el texto de la ley, es incrementar de 70 a 91 la cantidad de votos necesarios en el Pleno para destituir a un asambleísta encontrado culpable de violar la ley o cometer actos de corrupción: cobrar diezmos a su equipo de trabajo, por ejemplo. Un auténtico blindaje que favorecería la impunidad al interior de la Asamblea, la mitad de cuyos actuales integrantes tiene cuentas pendientes con el sistema de justicia.