El presidente Guillermo Lasso ha insinuado, en varias ocasiones, hacer uso de la muerte cruzada como respuesta a la negativa de la Asamblea Nacional a la hora de calificar los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo.

Un mecanismo constitucional con el que se puede disolver el Legislativo y, en el plazo de 7 días, convocar a nuevas elecciones para elegir nuevas dignidades y presidente.

Ahora, en un nuevo intento por mostrar su hartazgo, el fantasma de la muerte cruzada vuelve a sumergir al país en la disyuntiva de si esta vez se ejecutará y cuál será su efecto en la estabilidad socioeconómica del país.

Para el exvicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, esta decisión se debe tomar con mucha meditación previa y no como respuesta a la votación del Legislativo que, por su votación en el pleno, ha causado la desaprobación de uno de los proyectos presentados por el presidente ante la Asamblea.

“Es una decisión importante y debe de tomarse con mucha meditación y no como una reacción a la votación del Legislativo. Porque no todas las votaciones se ganan. Así es la política y la democracia. Pero si el Gobierno considera que ya no se puede hacer nada más, y que solo así puede avanzar con las metas establecidas en campaña, porque la Asamblea se convierte en un obstáculo, lo mínimo que se puede hacer, a pesar de ser un tema delicado y complejo, es aplicar ese mecanismo constitucional”, consideró Sonnenholzner, quien agrega que una consulta popular sería un mecanismo más viable para implementar la agenda del Gobierno.

 Guillermo Herrera, líder del movimiento político Izquierda democrática, considera que este mecanismo constitucional ha sido utilizado por el Gobierno Nacional como una “especie de chantaje que le dice al Legislativo: o aprueban mis leyes o se van a sus casas”.

Herrera asegura que la vía de la muerte cruzada solo generaría inestabilidad en el país. Por eso, dice, debe aplicarse solo si existen las causales suficientes para ejecutarla.

Ante la posibilidad de que el Gobierno ecuatoriano se orille por la muerte cruzada para disolver el Legislativo, la líder del partido político Revolución Ciudadana, Marcela Aguiñaga, sostiene que la bancada de UNES y Revolución Ciudadana no le teme a esta figura constitucional, e incluso pone a disposición sus cargos si esto va a garantizar días mejores para el país.

Para el consultor político, Gonzalo Albán, decir o insinuar la vía de la muerte cruzada se ha convertido en un mecanismo de amenaza para la Asamblea en temas de negociaciones, con el fin de persuadir las decisiones del Legislativo y que estas sean repensadas.

Albán sostiene que “es natural en un sistema democrático encontrar diferencias entre el Ejecutivo y el Parlamento. Pero, si se hace un análisis meditado, disolver la Asamblea no sería una solución, esto solo generaría inestabilidad económica y social porque nadie invierte ni puede estar tranquilo en un país inestable”.

Yaku Pérez, excandidato a la presidencia, señaló que el Ejecutivo no ejecutaría la muerte cruzada porque “su ilegitimidad hará que jamás vuelva a ser presidente. Agrega que el actuar del Gobierno solo es sinónimo de un Estado fallido y de una Asamblea que perdió la brújula en el camino”.