La muerte cruzada ha sonado como opción desde el momento mismo en que el presidente Guillermo Lasso llegó al mandato, pues se preveía que las decisiones de la Asamblea podrían obstruir la ejecución del Plan de Desarrollo.

El 4 de septiembre de 2021, luego de que Pachakutik lo anunciara, Unión por la Esperanza (UNES) y el Partido Social Cristiano (PSC) también anunciaron que no apoyarían la proforma presupuestaria 2021 enviada por el Ejecutivo a la Asamblea. Entonces, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, anunció que la muerte cruzada era una opción. Al final, la propuesta debió pasar por el Ministerio de la Ley.

En los seis primeros meses del mandato, y de acuerdo a un análisis que realizó la fundación Ciudadanía y Desarrollo, cinco propuestas del Ejecutivo habían sido ignoradas o rechazadas por la Asamblea. La organización calificó el antecedente como un “bloqueo político”, que hizo que Lasso ajuste “estrategias” e “imponga su agenda económica, apalancado en ajustados plazos y el Ministerio de la Ley”.

Por los días en que la Asamblea peleaba por su proforma presupuestaria, en entrevista con Carlos Vera, el mandatario tampoco descartó la opción. “Si tenemos obstáculos en la Asamblea, que aspiro a no tenerlos, iremos a una consulta, y también en la Constitución, no digo que vaya a hacerlo, pero existe otro camino, que es la muerte cruzada”.

El 11 de septiembre, en respuesta al anuncio de la opción de Lasso, la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, criticó al presidente. “No claudicaremos. Los chantajes de consulta popular y muerte cruzada no nos aplastarán, quieren que aprobemos leyes sin debate, que solo benefician a los que más tienen”, dijo.

A fines de ese septiembre, se hicieron públicos escándalos de Llori sobre contratos para servicios de logística y comida (con empanadas a $ 6) sus facturas por viáticos y las glosas de al menos 30 legisladores. Ella dijo que todo formaba parte de una campaña para desprestigiar a la Asamblea y dar paso constitucional a su disolución.

La Ley Creando Oportunidades, el también sonado posible juicio político al presidente por los Pandora Papers, el año pasado, también sirvieron para poner como opción esa ruta.

De hecho, el 7 de noviembre de 2021. El Gobierno anunció en un comunicado que “hará uso de todas las herramientas legales y constitucionales para enfrentar la aventura golpista del correísmo”, tras conocer el contenido y recomendaciones del informe de la Comisión de Garantías Constitucionales sobre el caso Pandora Papers.

Entre tanto, con la Reforma Económica en debate, la firma financiera británica Barclays señaló en su reporte del 23 de noviembre de 2021 que su escenario base es la aprobación de la reforma tributaria en la Asamblea. “Si se rechaza la reforma, pensamos que podría conducir a la muerte cruzada”, señaló el reporte.

La ley de la muerte cruzada en Ecuador figura en el artículo 148 de la Constitución. Esta autoriza al presidente de la República disolver la Asamblea Nacional -a su juicio- por tres motivos: Arrogación de funciones, obstrucción de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y una grave crisis política y conmoción interna.