Que los resultados de los operativos han ido “más allá de lo que originalmente imaginábamos” respondió la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, en referencia a las acciones de control en el estado de excepción decretado hace 19 días, luego de la conmoción que causó la muerte de Sebastián Obando, de 11 años de edad, durante un asalto en una heladería del sur de Guayaquil.

En entrevista a Teleamazonas, la funcionaria señaló que “cuando existe un evento que ocasiona un ataque a una persona en un centro comercial o en las calles de la ciudad y estas saltan a la prensa, como tiene que ser, la percepción de que se está manteniendo la misma situación aumenta” en respuesta a los hechos violentos ocurridos durante el feriado, como el asalto en el malecón, sicariatos, los fallecidos en la Penitenciaría y robos en las calles.

Aunque en su intervención destacó que hay una “reducción de los eventos de carácter delincuencial”, no dio el detalle de cifras que lo demuestren.

A criterio de Diego Pérez, docente de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), declaraciones de este tipo no son apropiadas ante la situación que testifica la ciudadanía.

“Creo que no es razonable para un tomador de decisiones escudarse en el discurso de la percepción para argumentar que hay resultados. Las percepciones no surgen de la nada, surgen del ciudadano que ve amenazada su cotidianidad como consecuencia de las acciones criminales, peor aún en sitios tan públicos como el malecón”, señaló Pérez.

Así también, Vela enfatizó que hay camino por recorrer, pues “mientras no lleguemos al nivel de control completo, esa sensación va a seguir permaneciendo”. Hasta mientras, resaltó que los operativos “no son suficientes” y por ello el Gobierno aplica otro tipo de políticas “que deben dar su resultado en el mediano plazo, de manera que la inseguridad ciudadana se va a solucionar a partir de varias decisiones”.

Por su parte, el experto en seguridad Juan José Hidalgo sostiene que sí hay un índice alto de inseguridad y violencia en comparación a los años anteriores, pero que lastimosamente las autoridades no tienen un estudio con estadísticas completo y coordinado con las demás instituciones, como Fiscalía, ECU-911, Consejo de la Judicatura y demás entidades relacionadas al sector, como análisis previo para el estado de excepción.

“Tenemos reportes seccionales y por separado. Si tuviéramos un sistema informático que detalle cuántas denuncias se producen por día o por periodo, podríamos al menos partir de ahí para un estudio de la realidad delictiva, porque no puedo planificar una política anticriminal si no sé cuántos casos tengo, porque no está unificado. Conocer de las denuncias, las llamadas al 911, las que fueron reales, los casos que llegaron a ser judicializados y cuántos llegaron a sentencia condenatoria. ¿Quién tiene esa cifra? Y nosotros solo tenemos la percepción y lo que pasa, nuestras vivencias diarias”.

Lo que es cierto es que al régimen le quedan 13 días de la medida de emergencia, la misma que a criterio de los expertos consultados no es suficiente para garantizar la seguridad ciudadana en el tiempo sobrante.

Obviamente enfatizan que hay que esperar las medidas a largo y mediano plazo para atenderlas con otras “reglas jurídicas”, además de la inyección de recursos, que pueden venir de organismos internacionales con capacitación y logística.