Tres caminos para la deuda de la refineria

El techo quedó corto. El Gobierno se acerca peligrosamente al límite de endeudamiento permitido por el Código de Planificación y Finanzas Públicas -40 % del Producto Interno Bruto (PIB)- y no tiene intenciones de detenerse. La obtención de un crédito para construir la prometida Refinería del Pacífico está en el radar pese al impacto fiscal.

Este mes el Gobierno debe conseguir la autorización de la Asamblea para ampliar ese techo.

¿Cómo cambiarían las finanzas del Estado con una deuda de $ 12.367 millones? Según documentación a la que tuvo acceso EXPRESO, hay tres escenarios. En dos de ellos se requiere de un préstamo concesional adicional. En todos los casos, la planta estaría lista en 5 años y sería operada por China durante 10 meses.

La propuesta del Banco de China, potencial inversor en la megaobra, incluye 15 años de plazo, con cinco años de gracia, y una tasa de interés de 7,01 %.

El Ministerio de Finanzas quiere menos interés. Ellos sugieren una tasa del 6 % y un plazo de pago de 20 años con seis años de gracia. Con estas condiciones, sin embargo, es necesario que el país aporte unos 2.000 millones de dólares más. Es decir, que obtenga otro préstamo.

El punto medio es el escenario más probable. La refinería se pagaría en 15 años, con seis de gracia, y con un interés del 6,55 %. El Estado tendría que aportar 500 millones de dólares extra. Recursos que tampoco están en las cuentas nacionales y, por tanto, serían más deuda.

Para el asambleísta independiente e integrante de la Comisión de Régimen Económico, Ramiro Aguilar, las pretensiones gubernamentales de incrementar el límite legal de la deuda para construir la refinería son un pretexto para “cubrirse las espaldas”.

A sus ojos, Alianza PAIS teme que el próximo Gobierno fiscalice las cuentas, entre esas las deudas. Si el límite del 40 % con respecto al PIB fue rebasado podrían iniciarse acciones legales contra los actuales funcionarios.

Con él coincide el analista de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y profesor de la San Francisco de Quito, Luis Espinosa Goded. Para él, no es el momento adecuado para relajar los límites legales de la deuda.

Espinosa Goded detecta, además, que las condiciones de negociación para la megaobra afectarían en más de una forma al país. Una tasa de interés de entre el 6 % y el 7 % no convienen a una economía que se ha hecho dependiente de los compromisos externos, agregó.

Ese es precisamente uno de los argumentos del exministro de Finanzas, Mauricio Pozo. Sus cálculos muestran que más del 50 % de la deuda pública vence en siete años o menos. Es decir, hasta 2023 se liberará una carga significativa. El problema es que ese segmento paga una tasa de interés superior al 7 %. Un monto alto, sostiene.

Los consultados coinciden, además, en que el Gobierno no puede, a menos de un año de dejar funciones, endeudarse ilimitadamente. Sería otra muestra de irresponsabilidad, dicen. Ellos sugieren que esa decisión quede en manos de la próxima administración.