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La Policía Nacional señaló en noviembre de 2020 que “mediante acciones de inteligencia” conoció de la existencia de una banda que se identificó como integrantes de El Tren de Aragua. Este grupo también participaba del delito del tráfico de personas para ingresar ilegalmente a Ecuador.Cortesía

El Tren de Aragua, sin un espacio en el radar político

Autoridades prefieren esperar para pronunciarse sobre el tema. Este miércoles 25 de octubre se analizarán las operaciones de este grupo en el país. Hubo detenciones en 2020

El que integrantes de la organización delictiva originaria de Venezuela, reconocida como el Tren de Aragua, estén operando en el país, tiene ‘descolocadas’ a las autoridades, quienes en el mejor de los casos, aún están sondeando el tema.

Referencia. Los habitantes viven a diario con miedo y zozobra por el incremento de la violencia de grupos guerrilleros y de narcotraficantes.

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En la Asamblea Nacional, por ejemplo: la mesa de Soberanía y Seguridad se reúne este miércoles 25 de octubre de 2022 con representantes de la Secretaría Nacional de Seguridad y con el ministro del Interior, Juan Zapata, a quienes se les pedirá los movimientos y acciones emprendidas en contra de los  miembros de la organización que registra estar en el territorio desde 2020.

“Hay una expectativa de lo que pueda pasar, los indicios son pocos, pero hay que estar pendientes. Yo en la reunión voy a pedir estos temas. Porque ya se menciona que están presentes”, expuso el presidente de la comisión legislativa, Ramiro Narváez.

El Tren de Aragua se ha atribuido crueles desmembramientos en Colombia y casos de extorsión en Brasil y Chile. Recientemente se viralizó un video de presuntos integrantes que apuntaban su presencia en Ecuador. El pasado 13 de octubre, la Policía Nacional presentó que detuvo a ocho venezolanos dedicados al delito de extorsión y esas personas pertenecen a la banda antes mencionada. Según la institución uniformada, los extranjeros perjudicaron a ecuatorianos con el cobro de más de $ 1 millón.

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En Ecuador existe un proceso de regularización de venezolanos a través de un censo, una promesa del régimen anterior que trató de organizar el masivo arribo de migrantes que vivió en situaciones de mendicidad antes de la pandemia de COVID-19. El programa está en la segunda etapa y se estima 100.000 registros a la fecha.

Diario EXPRESO consultó al viceministro de Relaciones Exteriores, Luis Vayas, sobre el avance de la iniciativa y qué se está haciendo en relación a la seguridad para obtener mayor información y registro de la población    proveniente de ese país, pero hasta el cierre de la edición no emitió respuesta.

Según informes de inteligencia venezolana, la expansión de la banda en las naciones de la región está ligada al éxodo migratorio porque los criminales se camuflan en las caravanas hacia Colombia, Ecuador, Perú y Chile.

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En ese orden también se solicitó al presidente de la comisión legislativa de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, Juan Fernando Flores, detalles sobre la normativa que se tramita en la mesa, en relación a migración y seguridad, pero tampoco compartió    algún pronunciamiento.

Por su parte, la vicepresidenta de la comisión de Gobiernos Autónomos y descentralización del Territorio, Patricia Sánchez, señaló que el primer paso es terminar con el censo para “así identificarlos”. Sin embargo, señala que aún no hay indicios de que estén operando fuertemente en el país.

“Hay manifestaciones más claras en Chile, pero no he escuchado que estén en Ecuador. Lo del Tren Aragua es nada comparado a lo que ya tenemos instalado en Ecuador que están perneando al país”.

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No obstante, los registros de la Policía Nacional dicen que el 13 de noviembre de 2020 se desarticuló una organización dedicada a la extorsión de choferes en la provincia de Carchi. En el operativo se decomisó un arma, dinero, droga y celulares. Todos los detenidos eran originarios de Aragua, en Venezuela y tres de los siete capturados tenían antecedentes delictivos en su nación de origen.

Sánchez recordó que en cuestión de competencias los gobiernos locales no tienen mayores potestades, pero que sí pueden trabajar en acciones preventivas para evitar que la disputa de territorios se ahonde en determinadas ciudades.

“Esto amerita que los gobiernos locales también pongan parte y dispongan de acciones, aunque a veces no tienen recursos para lograr todo lo que quisieran. Pero los gobiernos locales conocen su territorio y pueden tener estrategias efectivas, según sus necesidades”.