Una funcionaria de la Fiscalía fue llamada a juicio este 24 de octubre de 2022, tras ser acusada de ofertar puestos de trabajo en esa institución. Para el juez Carlos Geovanny Sánchez, de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Salcedo, hay suficientes indicios de una posible concusión, ya que la sospechosa se habría hecho pasar como directora de Talento Humano de la Fiscalía General.

Desde ese cargo ficticio habría cobrado 3.750 dólares a dos personas ($ 1.750 y $ 2.000, respectivamente) a cambio de puestos de trabajo.

Según la Fiscalía, la mujer habría entregado a las víctimas varios documentos, como el “acuerdo de confidencialidad”, “compromiso de honor”, acciones de personal y contratos de servicios con la firma electrónica de la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado, todos ficticios. Además, la procesada habría adjuntado una copia de su credencial de abogada, cuyo número de matrícula era falso.

Durante la audiencia preparatoria de juicio, la Fiscalía presentó la documentación que acredita que la procesada es funcionaria pública de la institución, informes policiales de reconocimiento del lugar de los hechos, análisis telefónico de correspondencia entre los números celulares de la procesada y las víctimas, pericia de informática forense, pericias documentológicas realizadas a los documentos que la procesada entregó a las víctimas y cotejamiento de los mismos con el archivo que reposa en Fiscalía.

En el proceso también se presentó como evidencia un certificado del Senescyt que acredita que la procesada no tiene un título de tercer nivel y el oficio que señala que el número de matrícula de abogada no pertenece a la procesada.

Además, se presentó un informe de los movimientos de las cuentas bancarias de los denunciantes, que coinciden con las fechas de retiro y posterior entrega de dinero a la mujer.

Para este caso, la Unidad de Talento Humano de Fiscalía emitió certificados que señalan que “no se establece como requisito para el ingreso a la institución, el depósito de dinero como garantía”.

En la diligencia también se presentaron los testimonios anticipados de las víctimas y de la fiscal general Diana Salazar.

Al finalizar la audiencia, el juez ratificó las medidas cautelares que pesan sobre la sospechosa., como presentación periódica y prohibición de salir del territorio ecuatoriano.

Este caso se inició a partir de la denuncia de dos personas que en su relato afirmaron haber entregado dichas cantidades de dinero. Este caso se lleva en la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.