La Fiscalía General del Estado (FGE) aclaró los motivos por los cuáles decidió absolver al hijo de Ricardo Rivera, tío del exvicepresidente Jorge Glas, del proceso penal que se lleva en su contra por el delito de tráfico de influencias.

Según la FGE, en diciembre de 2019, el fiscal Álex Castillo, de la Unidad de la Unidad de Administración Pública, presentó un dictamen abstentivo a favor de Ricardo Mauricio Rivera Ponce y la empresa Televisión Satelital S. A. (SAT), por cuanto las personas jurídicas no eran sujeto de sanción a la fecha de los supuestos hechos (julio de 2015) y en virtud de que Ricardo Rivera no era sujeto activo calificado, como establece el tipo penal al no ser funcionario público.

La Fiscalía asegura que el proceso continuará, por lo que solicitó día y hora para la audiencia preparatoria de juicio en contra de cuatro funcionarios de la desaparecida Secretaría de Comunicación (Secom, ahora Secretaria General de Comunicación de la Presidencia) que habrían participado en el hecho. “Esta decisión es independiente de la sentencia en firme que cumple el señor Ricardo R.P. (Rivera Ponce) por asociación ilícita por el caso Odebrecht”, enfatizó la Fiscalía a través de su cuenta de Twitter.

La jueza Irene Pérez Villacís, de la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Iñaquito de Quito, convocó para el próximo 13 de febrero a la audiencia oral y pública de evaluación y preparatoria de juicio, en relación a los procesados: Galo Pacheco Vásquez, exsubsecretario de Medios Institucionales; Juan Chiriboga Arteta, excoordinador Administrativo Financiero; Paul Alejandro Mena Zapata, excoordinador de Asesoría Jurídica; y Pablo Yánez Saltos, exsubsecretario nacional de Comunicación.

Los cuatro exfuncionarios fueron vinculados al proceso, en la audiencia de reformulación de cargos que se desarrolló el 10 de julio de 2019, en contra de Rivera Ponce, Pacheco Vásquez y SAT, quienes inicialmente fueron investigados por un delito de peculado.

Eso, tras un informe con indicios de responsabilidad penal remitido por la Contraloría General del Estado, como parte del examen especial a las operaciones administrativas y financieras de la Secom, por el periodo del 1 de septiembre de 2015 y del 30 de abril de 2017. En esa investigación se analizó el convenio de pago suscrito por Rivera Ponce, como gerente general de SAT, el 28 de septiembre del 2015, para proveer el servicio de dos unidades móviles que dieron cobertura a las actividades que realizó el papa Francisco, en Ecuador (en el Parque Bicentenario / Santuario del Quinche). El monto del convenio de pago fue por 89.600 dólares, incluido el impuesto al valor agregado (IVA). Luego de la investigación realizada por la Fiscalía, se pudo determinar varios elementos de descargo a favor de los absueltos.

El 26 de diciembre de 2019, el fiscal Castillo presentó el dictamen abstentivo a favor de Rivera Ponce y Televisión Satelital y al que la Procuraduría General del Estado, como acusadora particular de la causa, no se opuso. Ante eso, la jueza Pérez dictó sobreseimiento a favor del mencionado y la empresa; además dejó sin efecto las medidas cautelares que pesaban en contra de ellos, dentro de ese proceso.