Fueron más de 500 millones de dólares los que el entonces Ministerio del Interior destinó para contratos de emergencia, que se cobijaron en una declaratoria que desde el 4 de enero de 2013 se prolongó por cuatro años. El 98 % de esos recursos eran de compromisos que se firmaron durante la gestión de José Serrano.

Con la autorización del entonces ministro se compraron desde helicópteros y automotores hasta armamento, caballos y equipos tecnológicos, y se pagó por obras de rehabilitación de edificios para la Policía y hasta para el arreglo y mantenimiento de parques y otros servicios, en los que también se recurrió a los convenios de pago.

Los resultados de una auditoría que en 2017 la Contraloría realizó a esos compromisos, durante la gestión de Pablo Celi (hoy procesado por el caso Las Torres y censurado políticamente en la Asamblea) no salieron a la luz en estos últimos cuatro años, pese a que se trataba de un informe aprobado. El pasado lunes, el organismo de control publicó en su registro en la web el documento de ese examen especial, que revisó contratos de emergencia suscritos entre 2012 y 2017.

Son en esas contrataciones que el excontralor Carlos Pólit (sobre quien pesa una sentencia de seis años por un delito de concusión dentro de la trama de corrupción del caso Odebrecht), en su reciente comparecencia en la Asamblea, denunció la existencia de una serie de irregularidades y un presunto contubernio entre Celi y Serrano para liberar a este último de cualquier responsabilidad por esas millonarias compras.

Celi es señalado como parte de una presunta estructura delictiva que desapareció informes con indicios de responsabilidad penal y desvaneció glosas de forma irregular.

• $ 500’053.148 del monto total por contratos de emergencia son de la gestión de José Serrano, según una revisión hecha a 293 contrataciones.

El reporte sobre los contratos de emergencia, aprobado el 5 de diciembre de 2017 (seis meses después de la salida de Pólit), excluye de culpa al exministro. En el documento solo se analizan seis contrataciones y 14 convenios de pago celebrados con distintas empresas privadas, por un total de $ 244’310.960,46.

En cada contrato auditado se establece que hubo acciones y omisiones, pero en ninguna de las conclusiones o recomendaciones del informe se encuentra nombrado Serrano, pese a que cuando estuvo al frente del Ministerio del Interior en el periodo auditado era el máximo responsable de la entidad.

Por ejemplo, en la adquisición de 4.157 vehículos para patrulleros a la empresa Aekia, por 196’190.014,84 dólares, la auditoría halló, entre otras novedades, que no existía la documentación precontractual completa y que se incumplió con el plazo de entrega de los carros. El informe señala como responsables al director del plan de Seguridad Ciudadana, al administrador del contrato y al coordinador general administrativo.

Otro caso: en la compra de 150 caballos y sus kits de atalaje, a la empresa argentina Interpampas, por $ 1’786.749, el examen alerta que se hicieron pagos parciales sin ningún tipo de sustentación documental y que no se cumplió con el plazo objeto del contrato, ni con el total de equinos que debían ser entregados. Por estas inobservancias, la Contraloría responsabilizó al administrador del contrato.

En el informe aparece la firma de Sonia Sierra, directora nacional de auditoría de Administración Central en ese entonces. Este Diario intentó, sin éxito, dialogar con la funcionaria, que hoy se desempeña como subcontralora de Auditoría.

Luis Miño, a esa fecha secretario general de la Contraloría, firmó una copia del documento que le fue entregado a Serrano. Miño es el funcionario que dentro del caso Las Torres, en el que se investiga un presunto delito de delincuencia organizada, declaró que suscribió el desvanecimiento de glosas contra la empresa NoLimit y que hubo una orden directa y verbal de Celi para ejecutar acciones similares con respecto a otras empresas glosadas. Este Diario lo llamó y dejó mensajes en su celular y en el área de Gestión de Patrocinio de la Contraloría, donde ejerce funciones, pero no fue posible tener su versión.

EXPRESO buscó un pronunciamiento del exministro, pero no hubo respuesta a las llamadas ni a los mensajes enviados.

Quien si respondió fue el excontralor Pólit, actualmente radicado en EE. UU. El exfuncionario dice a este Diario que la fecha de la orden de trabajo para este examen, que emitió Celi el 21 de julio de 2017, coincide con el tiempo en que él denunció la intención que tenían su subrogante y Serrano de tomarse a la fuerza la Contraloría.

“Es evidente que existió un acuerdo entre los dos para iniciar este examen especial con la única finalidad de exculparlo (a Serrano) de toda responsabilidad en su gestión”, afirma.

De esta manera, según Pólit, le devolvería el favor a Serrano, ya que “este fue el artífice principal para que Pablo Celi se autoproclame contralor general del Estado de una manera ilegítima”.

Sin responsabilidades penales

Consultado por este Diario sobre por qué la Contraloría no publicó el informe aprobado DNA1-0004-2017, que analizó los contratos de emergencia, el contralor (s) Carlos Riofrío señala que ese documento siempre estuvo subido en la web de la entidad, aunque no se podía visualizar. “Si me pregunta por qué razón, no es una información que yo la conozca”, indica.

EXPRESO conoció que de ese examen no se desprendió responsabilidad penal alguna. La Contraloría tiene el caso en la fase de predeterminación de responsabilidades, en la que hasta ahora ha señalado una glosa y ocho sanciones administrativas contra funcionarios.

Ninguna de esas responsabilidades predeterminadas se relaciona con José Serrano. El 12 de junio de 2018, en una entrevista con este medio sobre las contrataciones de emergencia, el exministro mostró entre su documentación de respaldo una copia del informe de esa auditoría, que en el registro web de la Contraloría recién pudo verse el pasado lunes. En aquella ocasión, Serrano dijo que esos procesos “se manejaron de manera clara y transparente”.