El Gobierno nacional respondió al pronunciamiento de ocho universidades cofinanciadas de que han dejado de recibir 12 millones de dólares del Estado para dar becas a estudiantes; con otro comunicado oficial en que les recuerda la disposición legal que tienen las instituciones privadas de otorgar esos subsidios económicos con sus propios recursos.

La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), emitió este miércoles 25 de agosto un comunicado en el que reitera que el Gobierno ha aumentado el presupuesto destinado a las universidades en 2021, al presentar una proforma con casi 29 millones de dólares más que la de 2020.

Pero también acota que, con el fin de optimizar el destino de esos recursos, envió al Consejo de Educación Superior (CES), una propuesta de nueva distribución de fondos para las universidades en el último trimestre. 

"La finalidad de tal medida es contribuir a que el sistema público de educación superior cuente con mayores recursos para ofrecer más cupos estudiantiles gratuitos y de calidad para quienes más los necesitan", argumenta el comunicado.

La Senescyt también recuerda que todas las universidades particulares están obligadas por ley a establecer programas de becas completas o su equivalente en ayudas económicas a por lo menos el 10 % de sus estudiantes, "con el resultado de su propia gestión".

Y que aquellas que reciben fondos públicos deben destinar todos esos recursos a becas a personas que las demanden por su condición económica, vulnerabilidad, excelencia y pertinencia. "Por tanto, es falso que el Gobierno haya eliminado becas; estas han sido eliminadas por decisión propia. Instituciones particulares que, recibiendo fondos públicos,  ahora quieren desentenderse del derecho de nuestros jóvenes de recibir una beca".

El lunes pasado, las ocho universidades cofinanciadas del país (instituciones particulares, pero que también reciben fondos públicos), emitieron un pronunciamiento en el que señalaban que el Gobierno había decidido reducir del presupuesto los 12 millones de dólares que les entregaba para becas a estudiantes de escasos recursos.

"Como resultado nuestras universidades no podrán ofrecer todas las becas que necesiten y pidan nuestros estudiantes", decía el comunicado suscrito por las ocho instituciones y que ha generado una amplia polémica en redes sociales.

Así, hay quienes ven en ello una afectación a la educación superior del país; y sobre todo, a los jóvenes que reciben las becas; mientras otros consideran que esos subsidios deben ser cubiertos por las propias instituciones, para que esos fondos estatales vayan a las universidades públicas, entre otros argumentos.