Sampedro enfrentara un juicio en libertad
Con lágrimas de emoción y un “gracias a Dios, ¡al fin se hizo justicia!”, Teodora Anchundia celebró la libertad de su esposo Francisco Sampedro junto con sus hijos y conocidos.
Era la respuesta que esperaba desde hace unos tres meses en que su pareja fue detenida cuando transportaba un monigote de borrego, en una de las últimas protestas sociales realizadas en Guayaquil.
Fue el juez Fernando Vergara quien ordenó la liberación de Sampedro. Lo hizo una hora después de instalar la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio que se instaló a las 13:30, en una de las salas de la Unidad de Flagrancia de Guayaquil.
Aunque el fiscal Joffre Velasco emitió un dictamen acusatorio contra el procesado, lo hizo sobre la base del artículo 361 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que señala el transporte de armas y explosivos, sancionado de 1 a 5 años de prisión. La investigación se inició por un presunto delito de terrorismo, sancionado hasta con 25 años de cárcel en caso de muerte.
Sampedro fue detenido el 26 de noviembre de 2015 durante una manifestación contra el oficialismo, lo que terminó en enfrentamientos y tres policías heridos.
Su familia sostuvo que se dedicaba a realizar fletes. Maggie Quito lo corrobora. “Era conocido en el barrio por su profesión de chofer. Me llevaba cañas y materiales de construcción”, comentó la amiga de la familia.
Ese día fue contratado para transportar un monigote en forma de borrego. Pero el ‘cachuelo’ le terminó costando 85 días de prisión preventiva por una supuesta “transportación de explosivos, armas biológicas y nucleares”, recordó su abogado Juan Vizueta.
El defensor de Sampedro destacó el resultado de la investigación fiscal. “Los petardos o cualquier tipo de explosivo de baja intensidad que se haya generado por efectos mismos de la movilización, no pueden ser calificados como explosivos o armas biológicas o nucleares”, dijo.
Aunque el juez dispuso la libertad, el proceso continúa con un llamamiento a juicio. El conductor no podrá salir del país y deberá acudir cada quince días ante el fiscal que lleva el caso.
