En 2021 entraron a las cárceles de todo el país 44.359 personas y el Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad (SNAI) no tiene un número exacto de las reincidencias del delito y de quienes ya habían estado antes en prisión; pero desde la Policía Nacional se tiene el registro que existe un 20% de reincidencia según las últimas cifras reveladas en 2018. Expertos en seguridad y penalistas señalan que el retorno a los centros de reclusión es porque además de no ser rehabilitados, no hay un sistema que permita la inclusión en la sociedad.

“Primero, que no hay trabajo ni siquiera para el que no ha cometido delito y segundo en criminología existe ‘el sospechoso de siempre’, donde vemos a una persona con 5 detenciones, y no necesariamente es que ha delinquido esas veces, sino que robó, cumplió su pena, regresó, y la próxima vez que se pierde algo en el barrio lo señalan a él y lo vuelven a encerrar, lo registran, lo liberan porque se demostró que no fue él, pero el daño quedó” sostiene Julio César Cueva, abogado penalista.

Efrén Guerrero Salgado, experto en seguridad, resalta que la población adopta este comportamiento porque conoce que Ecuador carece de verdaderos programas de rehabilitación. Sin embargo, existe de por sí una inclinación a no tenerlos cerca.

“Estamos dispuestos a que miles de personas carguen la culpa penal para siempre y ¿eso qué hace? Que termine en un círculo vicioso de volver al delito, entrar y salir de prisión. Tenemos gente que al menos ha pasado un tercio de su vida en prisión y ese ciclo muestra el fracaso no solo del Estado, sino como sociedad.

Cueva enfatiza que el Estado debe preocuparse en que la rehabilitación garantice que no vuelva a cometer un delito. Y una forma es dar acompañamiento luego de su salida del centro de rehabilitación según su preparación académica y oficios.

“Así como la ley pide que haya un porcentaje con personas con discapacidad en las empresas, una forma puede ser exenciones tributarias a las entidades que los contraten, obviamente bajo ciertos requisitos y criterios” recalcó.

En 2021 salieron en libertad 61.049 reos y de acuerdo al SNAI, la entidad ejecuta el artículo 179 de su reglamento, el cual estipula que mientras se cumple la condena, esta sirve como “la ejecución del plan individualizado, orientado a superar las causas que influyeron en el cometimiento del delito, procurando el desarrollo de habilidades, que permitan la convivencia en el centro, la rehabilitación y reinserción social”.

Otras cifras del año anterior revelan la realidad de la rehabilitación: hacinamiento del 28 %, cuatro masacres y 329 muertos.

• INFORMACIÓN

Martha Macías, exdirectora de la cárcel de mínima seguridad de la Regional, recomienda que la información de los privados de libertad y procesados no sea “accesible a todo el mundo”, solo a Fiscalía, sistema de justicia y abogados y quienes deseen obtenerla solicite un oficio. Eso atenta contra la privacidad.

• TRABAJO

En el artículo 203 del Código Orgánico Integral Penal 2014 establece “Toda actividad laboral que realice la persona privada de libertad será remunerada de conformidad con la ley, salvo que las labores se relacionen con las actividades propias de aseo y conservación del espacio físico personal”.

• ACUERDO

En 2018, entre el Ministerio del Trabajo y de Justicia se dio un acuerdo en el que además de reconocer una remuneración para el reo, regula la afiliación. El dinero obtenido será para ayudar a su familia de ser el caso, contribuir a las reparaciones que se le asignó en sentencia o un ahorro para cuando salga de prisión.