La crisis parece estar apenas comenzando. En la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional se empezó a hablar de un posible incumplimiento de funciones de su presidente Fernando Villavicencio y de la secretaria de la mesa legislativa, a quienes se los responsabiliza de enviar fuera de tiempo la petición para que se amplíe el plazo de entrega del informe del juicio político en contra del excontralor Pablo Celi.

La asambleísta de la Alianza Unión por la Esperanza (UNES) Gabriela Molina, anunció que la posición de su bancada es la de que, si se comprueba que hubo un acto negligente, se aplique la normativa que habla de las causales para la remoción de presidentes de las comisiones legislativas.

El tema ya empezó a traer cola. El propio Villavicencio informó ayer que la secretaria de la comisión ya había presentado la renuncia, luego de reconocer públicamente que el error fue suyo y se produjo por una interpretación que hizo de la ley con respecto a la presentación de los pedidos de ampliación de plazos a la presidencia de la Asamblea.

“Si alguien quiere sacarme que traiga una prueba de que no tiene glosas o una marca de corrupción. Si quieren apelar a la presidencia que lo hagan. El país va a ver quienes vengan (a pedir su salida). Cuando quieran tirar piedras al cielo deben saber que hay techo de cristal. Cuídense”, advirtió Villavicencio.

El ambiente en la comisión tampoco es el mejor. Ayer, en la entrega del informe de posturas sobre el juicio político a Celi, el presidente llegó acompañado únicamente por el asambleísta Bruno Segovia. La noche anterior, los legisladores de esta mesa rechazaron la pretensión de Villavicencio de votar por el informe que elaboró la comisión y que quedó en nada, debido al retraso, como si se tratara del criterio unificado de todos los integrantes.

El asambleísta Pedro Velasco le hizo notar que ya no pueden decidir nada sobre ese documento porque la normativa de la Asamblea lo que exige, una vez que se incumplieron los plazos, es que debe entregar un escrito que incluya las posturas de cada asambleísta, por separado. “No podemos caer en ilegalidades, no nos someta a votar por algo ilegal”, señaló Velasco.

En lo que sí hubo consenso en la Comisión de Fiscalización es en recomendar al pleno de la Asamblea Nacional la censura de Celi por incumplimiento de funciones, aunque no todos coincidieron en las seis causales que fueron propuestas por el interpelante Cristóbal Lloret.

Sin pruebas

En su mayoría, los integrantes de la comisión coincidieron en que no es aplicable la causal de “ejercicio del cargo sin soporte legal” planteada por Llori, porque la Asamblea no puede pronunciarse sobre decisiones tomadas por el Consejo de Participación Ciudadana, además que no se sustentó la acusación.

Consenso

Los legisladores consideran que han recabado las pruebas suficientes que demuestran que en la Contraloría opera una estructura organizada que se dedica a desvanecer glosas a cambio de sobornos. Varios asambleístas coincidieron en lo fundamental de la intervención de la Fiscalía para investigar el caso en el campo penal.

Odebrecht

También hubo un acuerdo en la Comisión al cuestionar que Pablo Celi haya emitido informes con responsabilidades civiles y penales sobre obras ejecutadas por Odebrecht en el país, solo con sanciones a funcionarios públicos, algunos agentes privados, pero no topa a la constructora brasileña.