Un arranque con complicaciones que suben de tono. La Asamblea Nacional todavía no llega a los tres meses de instalada, pero las acusaciones, advertencias e insinuaciones entre sus integrantes se han convertido en la tónica de los últimos días. 

El más reciente episodio se produjo ayer y tuvo como protagonista a la mismísima presidenta Guadalupe Llori y al titular de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio. El motivo, el juicio político en contra del excontralor Pablo Celi.

Resulta que Llori no aceptó la extensión del plazo que pedía esta mesa legislativa para entregar el informe sobre este proceso de fiscalización. El argumento es que la solicitud llegó fuera de los tiempos establecidos.

Para salvar el juicio político, Llori dio 48 horas a la comisión para que entregue un informe de postura (de cada integrante) y que sea el pleno de la Asamblea el que siga directamente con el trámite. La decisión no vino sola. Acusó de “negligente” a la Comisión de Fiscalización e insinuó que habría intereses para que el proceso no siga.

La Comisión de Fiscalización resolvió ayer en la noche que el informe solicitado por Llori será enviado hasta el medio día de hoy. Su presidente dijo que personalmente hará llegar el documento. 

Villavicencio reconoció que hubo un “error administrativo” cometido por la secretaria de la mesa que preside, que envió el pedido de aplazamiento con retraso por una “particular” interpretación de la ley, pero rechazó que esto se haya hecho con premeditación o de forma “negligente”, como afirmó Llori.

Y fue más allá. Dijo que este es apenas un episodio más de la “evidente hostilidad” que habría desde la presidencia de la Asamblea contra la Comisión de Fiscalización y en particular contra su titular. “El objetivo de este grupo parlamentario es sacar a Villavicencio. Es echarse abajo el juicio político a Celi. Saben que investigamos 65 casos de corrupción y se viene INA Papers, Coca Codo Sinclair y hay interpelantes que son accionistas de empresas corruptas que tienen informes con responsabilidad penal”, señaló.

Llori se presentó ayer acompañada por varios jefes de bancadas legislativas. Alejandro Jaramillo, asambleísta por la Izquierda Democrática (ID), dijo que le queda duda de si esto se trató de un error involuntario o fue algo premeditado, por lo que no descartó acudir incluso al Comité de Ética de la Asamblea para que investigue lo que sucedió.

Villavicencio tampoco estuvo solo, aunque la mayoría de los integrantes de la mesa no lo acompañó en la rueda de prensa que dio para responder a Llori. Sí lo hizo Bruno Segovia, quien también lanzó su acusación, sin dar nombres. “Nosotros no estamos tapando la corrupción, por el contrario, la hemos combatido, pero sí temo que hay personas que tienen terror de verle a la cara al señor Celi, cuántas veces habrán conversado con él, porque hay muchos que tienen glosas y rabo de paja. Me imagino el temor de enfrentar a este señor”, señaló Segovia, que fue quien alertó del inicio de un proceso de compra de vehículos de alta gama para la Asamblea.

Casi a la misma hora, en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores los asambleístas Rina Campain, de CREO, chocaba con Salvador Quishpe, de Pachakutik, quien le acusaba de no permitirle tomar la palabra. “Usted llega cuarenta minutos tarde y parece que no tiene conocimiento de lo que está pasando en la sesión”, le dijo Campain.

Quishpe, por su parte, respondió que a diferencia de la presidenta de la Comisión que estaba en su casa en Esmeraldas, él estaba en Quito trabajando y por eso el retraso.

Llori evita responder preguntas

Luego de la “conferencia de prensa” en la que habló de Fiscalización, Llori se levantó de la mesa y se marchó sin responder las inquietudes de los presentes.

Otro tema que está pendiente es el del inicio de un proceso de contratación de una flota de vehículos que fue alertada por el asambleísta Segovia, pero salió resguardada por la seguridad y sus colaborares.

Esto pese a que minutos antes de su intervención, el área de comunicación dijo que habría espacio para preguntas.