Cada cinco días, en promedio, en algún lugar del mundo matan a un periodista por ser periodista. Nueve de cada diez casos terminan sin proceso legal, creando una atmósfera de impunidad que va más allá de las amenazas de muerte o la violencia. El encarcelamiento de periodistas alcanzó un nivel récord; el hostigamiento y la intimidación a trabajadores de la prensa en ejercicio de sus funciones es rutina. Hoy, el periodismo es una de las profesiones más peligrosas. Una forma de encarar el problema es hablar de él. Hay tres ejemplos recientes que destacan los riesgos que enfrentan los periodistas para informar y la necesidad de difundirlos, como única manera de lograr cambios. El primero es Maria Ressa, directora ejecutiva de Rappler.com, red virtual de noticias con sede en Filipinas. Tras su fundación en 2012, el sitio web de Ressa se ha convertido en inestimable fuente de información sobre las ejecuciones extrajudiciales vinculadas con la “guerra a las drogas” del presidente Rodrigo Duterte. Por su incansable tarea de investigación, solo en el último mes Ressa ha recibido más de ochenta amenazas de muerte. Muchas provinieron de blogueros anónimos, cuyas direcciones IP pueden rastrearse hasta personas relacionadas con el presidente. También está el caso de William Ntege, un periodista que informó sobre protestas recientes contra la decisión del presidente ugandés Yoweri Museveni de presentarse en la próxima elección presidencial, pese a que la Constitución lo prohíbe. Como resultado, la policía golpeó brutalmente a Ntege y lo tuvo en prisión más de diez días. Finalmente, está la erosión de las libertades de prensa en Birmania. Una nueva cláusula agregada a la legislación de medios del país permite a los ciudadanos presentar demandas legales en respuesta a un artículo de prensa o una noticia, incluso si no los menciona directamente. Esta disposición legal (que choca con la normativa internacional) ya llevó a la apertura de 61 procesos contra periodistas desde febrero de 2016, con la llegada al poder de la Liga Nacional para la Democracia de Aung San Suu Kyi. Ataques a la libertad de prensa como estos ya son táctica común de los regímenes autocráticos. Los organismos de defensa de la libertad de prensa siempre dieron por sentado que el mejor modo de proteger el periodismo investigativo es blindar al mensajero contra la violencia. Pero es hora de cambiar de estrategia y destacar los peligros a que se enfrentan los periodistas. Estas historias detrás de las noticias se deben conocer, contarlas es solo el comienzo. Los defensores de la libertad de prensa también deben ofrecer a los periodistas un marco más sólido y coordinado para su protección y seguridad. A tal fin, la organización que represento trabaja con otras entidades internacionales para fortalecer el Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad. También comenzamos a tener reuniones periódicas con otros grupos de defensa de la libertad de prensa, con el objetivo de coordinar acciones futuras. Y estamos trabajando para que la protección de los medios cuente con respaldo legal y policial. Para poner fin a la impunidad, los periodistas necesitan fiscales y jueces valientes que obliguen a los atacantes a rendir cuentas. Pero los cambios más importantes deben salir de la industria de los medios, que deben publicar lo que sucedes. El 2 de noviembre, mientras el mundo celebra el Día Internacional para poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, debemos comprometernos a denunciarla en primera plana.