Paraisos: Contraloria pide ‘atribuciones’ forenses

Fortalecer la Contraloría. Ese es el camino que ve PAIS para llevar a la práctica el proyecto de ley para la aplicación de la consulta popular sobre los paraísos fiscales.

El trámite de esa norma, iniciativa del presidente de la República, avanza de a poco en la Comisión de Justicia de la Asamblea. Ayer, varias autoridades fueron llamadas a la mesa pero la cita se suspendió por falta de quorum.

El 19 de febrero, la mayoría de ecuatorianos aprobó la prohibición para que funcionarios públicos tengan bienes o capitales en paraísos fiscales. La Contraloría, que sería la encargada de vigilar que esa disposición se cumpla, advirtió las limitaciones que tendría para investigar las declaraciones juramentadas de las próximas dignidades o servidores públicos. Su atribución, dijo la entidad la semana pasada, se limita al territorio nacional.

¿La solución? Mauro Andino, de Alianza PAIS y presidente de la Comisión, explicó a EXPRESO que la Contraloría General planteó el establecimiento de una auditoría forense para esos casos.

¿Qué significa eso? Usar técnicas de investigación de criminalística, basadas en controles contables, jurídicos y financieros para analizar las operaciones y declaraciones patrimoniales. “Eso permitirá establecer la existencia de un posible fraude. Y si aparecen indicios de presunción o alguna irregularidad se remitirá a la Fiscalía para que abra una indagación previa”, dijo el oficialista.

Pero para eso, sería necesario reformar la ley de la Contraloría porque, por ahora, no tiene competencias para hacer ese seguimiento en el exterior.

Aunque Gina Godoy, también militante del oficialismo e integrante de la Comisión, cree que cambiar la normativa de esa entidad no sería suficiente. “El tema es cómo se garantizará que se haga ese control”, dijo a este Diario.

Otro tema de debate en el proyecto de ley, según los analistas, es la prohibición que establece el proyecto del Ejecutivo de transferir los bienes o capitales a parientes cercanos (hasta cuarto grado de consanguinidad) o a “terceros relacionados”.

Según Marisol Peñafiel, de PAIS y de la Comisión, se pretende evitar a los testaferros. Es decir, los más allegados como empleados o funcionarios cercanos. “Así es como se perpetúan los consorcios jurídicos beneficiarios. Es como una autoventa, que se entrega a un trabajador de confianza”, dijo.

La semana pasada, el abogado Eduardo Carmigniani criticó en las páginas editoriales de este Diario esta prohibición. “Si se quiere evitar simulaciones, la fórmula es sencilla y los abogados la conocen: declarar de frente que no surten efecto las transferencias sin sustancia económica. Pero mantener semejante indefinición de los “vinculados” es inadmisible”, dijo.