Penoso epílogo para la Comisión Pandora: con la Fiscalía tras las huellas de su presidente, Fernando Cabascango, por presunta falsedad ideológica; un informe final en tela de duda por haber sido redactado en condiciones poco o nada transparentes; sus integrantes enfrentados unos a otros, crispados y rabiosos... Y, para terminar, una resolución final tan inservible como todo su desempeño desde el día uno. Si no se hubieran reunido este martes para discutir sobre las acciones emprendidas en su contra por la Fiscalía, se habrían hecho un gran favor. Aunque no fuera sino para ahorrarse los gritos de prepotencia de la correísta Paola Cabezas.

“¡Aquí no hay delincuentes! ¡La Fiscalía y la fiscal están tiradas de los cabellos! ¡Que se ubiquen! ¡En qué mundo estamos!”. Histérica y vociferante como en los buenos tiempos de las mayorías absolutas, Paola Cabezas pretendía negar las atribuciones de la Fiscalía para iniciar una investigación previa contra el presidente de la Comisión. Aducía que el artículo 128 de la Constitución prohíbe “iniciar causa penal contra un asambleísta” sin contar con la autorización de la Asamblea. No consideró el hecho de que la indagación previa no inicia causa penal alguna. Esta arranca con la fase de instrucción, en la cual se establecen los elementos de convicción que permiten plantear acusaciones en firme. Por el momento, Cabascango no está acusado de nada. Sin embargo, Cabezas gritó lo suficiente como para que nadie la contradijera. Y nadie lo hizo.

Logró, con esto, al menos por un momento, distraer la atención del tema de fondo, a saber: el informe de la Comisión, quién lo redactó, cómo, cuándo y dónde, de qué manera fue aprobado y con qué fin. “Para elaborar el informe y hacer la investigación nos sentamos en esta mesa”, mintió la correísta Victoria Desintonio. No fue en esa mesa, a la que se sientan todos bajo el ojo público: fue a puerta cerrada y en ‘petit comité’. Hubo miembros de la Comisión (Sofía Sánchez, Virgilio Saquicela, Édgar Quezada...) que nada tuvieron que ver con la redacción del informe, que nunca conocieron sus documentos básicos y que ni siquiera pudieron (porque no se les permitió) opinar sobre su contenido.

Que “se cumplió el procedimiento parlamentario”, dijo este martes el presidente Cabascango. Procedimiento parlamentario: se remite un borrador de autoría desconocida a todos los integrantes de la Comisión y se los convoca a debatirlo y votarlo en sesión del viernes 5 de noviembre. Ese día, con los asambleístas de minoría (Sánchez, Saquicela, Quezada) participando de la sesión por vía telemática, se declara un receso; un grupo hasta el momento no identificado de asambleístas y asesores se encierra en una oficina para modificar el documento (se incluye, por ejemplo, disfrazada de recomendación, la conclusión de que el presidente de la República violó la ley y el Pacto Ético), y se somete el nuevo texto a votación sin mediar debate. Varios asambleístas de la minoría habían pedido la palabra luego de escuchar la lectura del nuevo documento (para oponérsele) pero el presidente Cabascango se la negó.

Si esto constituye “falsedad ideológica” o no, lo tendrá que resolver la Fiscalía. Que se trata de un caso flagrante de falta de transparencia es algo que salta a la vista. “¿De qué procedimiento estamos hablando cuando no se permitió el debate?”, se indigna la asambleísta de Pachakutik Sofía Sánchez. “Cuando se habla de que la Comisión hizo el informe, no se está hablando de todos”. También Édgar Quezada, que votó a favor del informe y luego se arrepintió, revela que la gran mayoría de la documentación en la que se basó el texto no pudo ser conocida por todos los miembros. “Hay diez mil hojas de documentos -revela- y el presidente (Cabascango) me ha dicho que si quiero acceder tengo que pagar”.

Cabascango no se inmuta. Lo suyo es el sinsentido como estrategia retórica. Sale del paso con una declaración increíble: “El equipo asesor -dice- presenta una recomendación de hoja de ruta que nos permita seguir avanzando en el debate. Si nos preguntan por qué no hubo debate, es porque hubo hoja de ruta”. Así ocurre siempre con el presidente de la Comisión: la mitad de lo que dice carece de significado o coherencia, pero lo despacha con tanta normalidad que nadie opone reparo.

Finalmente se vota una moción de Paola Cabezas sin mayor utilidad práctica (menor, de hecho) que la declaratoria de la fiesta nacional del mazapán. Se resuelve pedir al Pleno que rechace la intromisión de la Fiscalía en asuntos internos de la Asamblea (petición que ya estaba planteada y puesta en el orden día para la sesión de la tarde) y exhortar a la presidenta Guadalupe Llori para que ponga a consideración del Pleno el informe de la Comisión sobre el Caso Pandora, cosa que tendrá que hacer sí o sí en los próximos 15 días. Lo dicho: lo mejor que puede hacer la Comisión a estas alturas es archivar el tema para siempre o no reunirse más.