La comisión que investiga el paro nacional se convirtió ayer en la tribuna política de los correístas presos. Una manifestación de centenares de partidarios aguardó en la puerta de la sede legislativa, coreando consignas, mientras la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, el dirigente Virgilio Hernández, y el militante Christian González, aprovechaban las cámaras y los micrófonos para representar, una vez más, el papel de los perseguidos políticos.

Dramática puesta en escena: los comparecientes llegaron esposados y conducidos por guardias penitenciarios. “Podrán esposar tus manos, pero nunca tus ideas”, dirá más tarde Doris Soliz, en un arrebato de originalidad. Una nutrida barra los recibió con aplausos y gritos de “¡Libertad! ¡Libertad!”; legisladores del correísmo hicieron el elogio de su “valentía, coherencia y lealtad”, los abrazaron con harto sentimiento, les ofrecieron su apoyo.

“Yo estoy aquí por mis creencias”, arrancó, dramática, Pabón. “Que no son patrimonio de un partido, que son pilares de la humanidad y ningún tirano las podrá resquebrajar”.

Grandilocuencia, exageraciones, y retórica de barricada salpicaron, como es usual, las comparecencias correístas. Por lo demás, nada nuevo: los procesados lo niegan todo. Niegan que su participación en el paro nacional fuera más allá de la protesta pacífica constitucional. Niegan que hubieran financiado las manifestaciones. Niegan que la Fiscalía disponga de una sola prueba en contra de ellos. Niegan que el delito de rebelión que se les imputa se hubiera cometido siquiera.

Y pasan al ataque: el gobierno ha construido un caso mediático en su contra (“flaming”, dicen, sumando una nueva categoría a su jerga); los allanamientos en sus casas fueron violentos, desmedidos e incensarios; las órdenes de prisión preventiva en su contra, injustificables. “Soy la prefecta de Pichincha, no voy a andar por los tejados”, dijo Pabón. “Que me pongan todos los grilletes electrónicos que quieran, pero permítanme asistir a mi trabajo y defenderme en libertad”. Insistió mucho en este punto: que no son peligrosos, que no se van a escapar, como los asambleístas de su partido refugiados en la embajada de México, ellos no. Virgilio Hernández corroboró, enternecedor: “No es que estaba huido, es que nunca supe que estaba citado”.

La sesión se completó con la comparecencia de actores de la sociedad civil, como Fernando Ponce, rector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y funcionarios del Estado, como el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Carlos Pérez.

Ponce habló sobre la tarea de acogida humanitaria desplegada por la institución. Indicó que llegó a acoger hasta 1.500 personas, pero no se hizo cargo ni de la violencia de las manifestaciones, ni de los efectos destructivos que la marcha indígena acarreó en la capital.

Sobre la acusación del ministro de Defensa de que las universidades fueron centros de apoyo logístico y de abastecimiento, Ponce señaló que habló con el titular de la cartera estatal. “Convoqué a una reunión con el ministro, y lo que él quiso decir es que ofrecimos alimentos y vituallas”. En ningún caso aceptó la posibilidad de haber brindado ayuda logística a vándalos.

Pérez, ministro de Energía, barajó la cifra de daños sostenidos en el sector petrolero. Doce bloques de Petroamazonas y otros doce de operadores privados resultaron afectados, generando pérdidas de 1.500.000 barriles para la empresa estatal y de 373.000 para los privados. Esto representa un equivalente a $ 110 millones, sin contar los $ 48 millones de inversión para remediar los daños.

El ministro dijo que le llamaba la atención la preparación de los manifestantes que boicotearon la infraestructura petrolera: “Sabían a dónde iban, lo que tenían que cortar, cómo debían paralizar la producción de petróleo. Cerraron válvulas de cabezales en diez pozos”.

Las comparecencias en la comisión continúan hoy después de la sesión del pleno de la Asamblea Nacional con el protagonismo de la jornada depositado en la dirigencia indígena: Jaime Vargas, Marlon Vargas, Leonidas Iza y Salvador Qishpe están citados todos a la misma hora. O esperan que no vayan o que hablen poco.

El detalle

Apelación. Para el 28 de noviembre está convocada la audiencia para apelar la prisión preventiva en contra de la prefecta Paola Pabón, en el proceso por rebelión.

Militares

Lagunas en inteligencia

El ex jefe del comando conjunto, Roque Moreira, admitió que hubo fallas en las labores de inteligencia que les impidieron prepararse para lo que se venía. Los militares, defendió, se enfrentaron a la movilización indígena como a otras tantas convocatorias anteriores. “La Inteligencia ha sido debilitada en los últimos años”, recalcó el ex mando militar.