La mayor operación anticorrupción en Venezuela cumple un mes en ejecución, tiempo en el que 58 personas, la mayoría funcionarios del Estado, han sido puestas tras las rejas por su presunta vinculación con un desfalco colosal que la Fiscalía intenta entender y cuantificar, conforme descubre cada día nuevas ramificaciones.

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El 17 de marzo, la Policía Anticorrupción, un cuerpo del que el país prácticamente no había escuchado hablar hasta entonces, emitió un comunicado en el que pedía a la Fiscalía investigar a unos funcionarios, sin precisar cuántos o quiénes, por “estar incursos en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos”. El escueto texto produjo un efecto dominó de acusaciones de corrupción que tumbaron al ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, quien renunció al cargo. Tras él, cayeron jueces, empresarios y gerentes públicos que terminaron en prisión, junto a un diputado, un alcalde y un exministro.

Una vez se anunciaron los primeros nombres implicados, el canal estatal VTV mostró a estas personas vestidas con petos naranja mientras escuchaban las acusaciones en su contra, un gesto que imita el estilo estadounidense de presentar a los recién detenidos, algo que no se había visto antes en el país caribeño.

La dinámica se ha repetido varias veces en las últimas cuatro semanas, siempre cerca de la medianoche, tras lo cual la Fiscalía actualiza, a través de Twitter, el número de detenidos, buscados y allanamientos concretados, un balance que no incluye el número de propiedades confiscadas o a cuánto asciende el monto desfalcado.

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De madrugada, la justicia ha ido sumando procesados en esta cruzada que lidera, según él mismo asegura, el presidente Nicolás Maduro, quien prometió aplicar “todo el castigo” a las decenas de funcionarios señalados. “No va a haber convivencia ni complicidad, se lo juro”, subrayó.

• Disposición. Maduro ordenó que todo lo confiscado a corruptos y narcotraficantes sea entregado a la Policía para que lo use en su trabajo a la ciudadana.

Y, aunque el fiscal general, Tarek William Saab, ha ofrecido varias declaraciones sobre el tema, se niega a estimar las pérdidas que dejan para el país estos enriquecimientos ilícitos.

El mismo silencio mantienen Saab y Maduro sobre El Aissami, quien hasta hace un mes operó como vicepresidente del Área Económica y a finales del año pasado celebró contratos con Chevron, pese a estar señalado por Estados Unidos como uno de los más buscados por narcotráfico internacional. El exministro renunció a la cartera petrolera tres días después del arranque de la operación anticorrupción. Con un breve mensaje publicado en Twitter anunció que colaboraría con las autoridades, algo que Maduro ratificó ese mismo día, la única vez que habló del funcionario.

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Desde entonces han circulado un sinfín de rumores sobre la suerte de El Aissami sin que el Gobierno confirme nada, un vacío de información que acelera la proliferación de versiones extraoficiales debido, también, a la tardanza de la Fiscalía en comunicar avances en la operación, muchos de los cuales son anunciados horas y días antes por medios locales.