El presidente del Senado brasileño, Rodrigo Pacheco, rechazó el 14 de septiembre por inconstitucional el decreto firmado una semana atrás por el presidente Jair Bolsonaro mediante el cual prohibía a las redes sociales la “remoción arbitraria” de contenidos, con lo que dificultaba el combate a las ‘fake news’.

La medida también fue suspendida casi que simultáneamente por la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Rosa Weber, en respuesta a un pedido del procurador general de la Nación realizado la víspera.

La devolución del decreto ejecutivo al Palacio presidencial de Planalto fue anunciada por el máximo líder del Senado durante la sesión plenaria, en la que aseguró que “la mera tramitación de la medida (...) ya es un factor que atenta contra el desempeño de la misión constitucional del Congreso Nacional”.

El decreto, que tenía 60 días para ser analizado en el Congreso, fue rechazado por la Cámara alta tan solo una semana después de que fuera sancionado por el líder ultraderechista para garantizar la “libertad de expresión en las redes sociales”.

Con la decisión, la medida perdió la vigencia inmediata que le otorgaba su publicación en el Diario Oficial y que, para este caso, solo duró ocho días.

El decreto ejecutivo buscaba acabar con las remociones “arbitrarias” de contenidos y perfiles de las redes sociales, hechos de los que ha sido objeto hasta el mismo Bolsonaro, que ya ha tenido publicaciones retiradas de internet por contener falsedades.

El decreto pretendía que la retirada de contenidos de las redes sociales solo se diera bajo “justa causa” y que los usuarios afectados pudieran ejercer una “amplia defensa” antes de que cualquier decisión fuera tomada.

Según el Gobierno, la remoción de contenidos decidida solo por las redes sociales perjudica “el debate público de ideas y el ejercicio de la ciudadanía”, por lo que se configuraba en “una violación en masa de derechos y garantías fundamentales”.

En el documento dirigido a Bolsonaro, el presidente del Senado señaló que el decreto promueve “cambios inesperados” en el marco regulador de la internet en Brasil que dan paso a una “considerable inseguridad jurídica”, una premisa que ya había sido advertida por el procurador general de la Nación, Augusto Aras, quien solicitó el 13 de septiembre a la Corte Suprema la suspensión de la medida.

Bolsonaro figura entre las personas que son investigadas por la Corte Suprema en un proceso referido a “ataques a la democracia” a través de las redes sociales, que ha llevado a la cárcel a varios de sus seguidores.

Los detenidos están acusados de orquestar actos antidemocráticos y de intentar minar la confianza de la sociedad en las instituciones del país.

En otro tema, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, reiteró ayer que el “derecho ancestral” que los indígenas reclaman sobre las tierras puede llevar a “perder una Alemania y una España juntas” y causar “una catástrofe” a la agricultura del país.

El mandatario insistió con el asunto en vísperas de que la Corte Suprema prosiga un juicio en el que deberá pronunciarse en relación al llamado “marco temporal”, que solo reconoce como tierra indígena aquella que los pueblos originarios ocupaban al día 5 de octubre de 1988, cuando se promulgó la actual Constitución brasileña.

En contraposición, los indígenas sostienen que esa tesis acaba con sus “derechos ancestrales” y además favorecería la legalización de áreas ocupadas antes de esa fecha por poderosos terratenientes que expulsaron por la fuerza a sus habitantes originarios a lo largo de décadas. Bolsonaro dijo que un desconocimiento del “marco temporal” por parte del Supremo pondría en riesgo “la seguridad alimentaria” que tienen hoy Brasil y “otros países” que “dependen” de la producción de la agricultura nacional.

“De cada cinco platos de comida consumidos en el mundo, uno procede de Brasil”, afirmó el gobernante, quien aseguró que una eventual decisión del Supremo en favor de los indígenas “sería un duro golpe para la agricultura, sería catastrófico”.