El Gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) terminaron este lunes 12 de diciembre de 2022 en Caracas un primer ciclo de 21 días de negociaciones con la proclamación de cuatro acuerdos que las partes ven "como una luz de esperanza" en el camino hacia la paz en el país andino.

Ambas delegaciones, luego de numerosas reuniones a puerta cerrada, suscribieron una declaración conjunta en la que destacaron el ambiente "respetuoso, transparente y cordial" que caracterizó este proceso -reanudado luego de cuatro años y medio, con el impulso del Gobierno de Gustavo Petro-, que continuará en México en enero de 2023.

Si bien no hubo anuncios de un cese al fuego, un tema que esperan abordar en la siguiente ronda, los negociadores ratificaron su apuesta de que este proceso conduzca a un surgimiento del ELN como organización política, lo que, esperan, traiga una "reversión de la violencia" en Colombia.

La mesa de diálogo retomó como guía la agenda acordada en 2016 -que contempla el fin del conflicto, reconocimiento a las víctimas e implementación de acuerdos-, con algunos ajustes relacionados con el "nuevo contexto nacional e internacional" que "están siendo redactados".

El senador Iván Cepeda, de la delegación del Gobierno en las negociaciones, adelantó a través de Twitter que serán incluidos temas como los "derechos de mujeres, jóvenes y pueblos étnicos", así como el "cuidado de la casa común", sin ofrecer mayores detalles.

 

Las partes establecieron protocolos "con reglas claras", tanto para su propio funcionamiento, como para canalizar el apoyo de la comunidad internacional, especialmente la labor de Venezuela, Cuba, Noruega, Chile y México como garantes, los dos últimos incorporados recientemente.

La normativa acordada -señala la declaración leída hoy- "regula y potencia" el trabajo de la mesa, cuyos "principios y procedimientos" también fueron definidos, si bien no ahondaron al respecto, e incluyen la presencia de las Naciones Unidas y la Iglesia católica como acompañantes.

En declaraciones previas, los negociadores informaron de la invitación a Brasil como garante, así como a Alemania, Suecia, Suiza y España como acompañantes. Además pidieron a Estados Unidos enviar a un delegado a estas conversaciones, una oferta sin respuesta por el momento.

 

La guerrilla y el Gobierno "reconocen la grave situación de violencia" en territorios de Valle del Cauca y Chocó, por ello, a partir de enero de 2023, aplicarán alivios humanitarios en estas poblaciones, según reza el tercer acuerdo, sobre atención de emergencias.

Las partes también alertaron de una "grave situación humanitaria que se vive en las cárceles" de Colombia y, en ese sentido, acordaron dar respuesta "de emergencia" a "un grupo de presos políticos del ELN", sin que se conozcan cuántos, ni quiénes serán beneficiados con estas atenciones, ni de qué manera.

Ante tales vacíos de información, adelantaron que existe un plan -en desarrollo- de comunicaciones y pedagogía que busca "fortalecer y ampliar el apoyo y participación de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional en el proceso de diálogos", otra vez, sin más datos sobre el punto.

De los logros alcanzados, remarcaron el hecho de que, desde el pasado 7 de agosto hasta hoy, "en manifestación clara de su compromiso con la paz de Colombia", el ELN ha dejado en libertad a 20 personas, entre ellas civiles e integrantes de la fuerza pública, algunas de las cuales fueron secuestradas luego del inicio de las conversaciones.

Gobierno y guerrilla, acostumbrados a verse como enemigos durante casi 60 años, creen que lo pactado hasta ahora y la disposición bilateral de avanzar "acrecienta la esperanza de Colombia y de la región para una paz integral y definitiva".