Perú alberga 25 pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (piaci), 16 de los cuales viven en la extensa región amazónica de Loreto, donde una campaña busca derogar la ley que reconoce y protege a estos pueblos bajo el pretexto de que la norma condena la región al subdesarrollo.

Los datos oficiales estiman que son unos 7.500 los peruanos que conforman los piaci, alrededor de 5.200 en aislamiento y otros 2.300 en contacto inicial, todos descendientes de quienes habitaban el país desde tiempos anteriores a la formación del Estado peruano.

La mayoría de ellos viven en los bosques amazónicos de Loreto, colindantes con Ecuador, Colombia y Brasil, en situación de “extrema vulnerabilidad por peligros a su salud y cultura y por la constante invasión de sus territorios”, según advierte el Ministerio de Cultura.

Ahora una campaña a nivel regional pide derogar la norma que protege a los piaci, que está vigente en Perú desde 2006 y dispone el carácter intangible de las reservas indígenas para estos pueblos, por considerarla ‘lesiva’ a la ejecución de proyectos de infraestructura e inversiones para la actividad de la industria forestal y de hidrocarburos en la región.

Contra ella se han levantado varios grupos de la sociedad civil, entre ellos la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio), que agrupa a más de 500 comunidades nativas de Loreto y ha sido la voz más activa de los pueblos aislados.

A juicio del apu (jefe) Pablo Chota, secretario general de Orpio y ‘descendiente’ de los piaci, esta campaña supone ‘un genocidio’ y considera que detrás de ella hay fuertes intereses económicos y empresariales de lotes petroleros, “madereros ilegales, mineros y narcos”.

“Es realmente lamentable”, comenta la directora del Programa Sectorial IV de la dirección general de Derechos de los Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura, Dulhy Pinedo.

Pese a reconocer que, como Estado, “toca entender estas percepciones respecto al desarrollo económico”, Pinedo lamenta que en este caso se esté pretendiendo “privilegiar un derecho sobre el otro” o “incluso negar la existencia específicamente de estos pueblos”.

Sobre este último punto, la funcionaria es enfática en subrayar la rigurosidad del proceso de identificación de los piaci en Perú. Este arranca con un estudio previo de reconocimiento basado en “evidencias antropológicas”, que se extiende por un año y es aprobado por una comisión multisectorial.

Recientemente, el debate sobre la ley piaci trascendió las fronteras regionales y llegó al panorama nacional, luego de que el congresista Jorge Morante, del partido fujimorista Fuerza Popular, presentó en el Congreso un proyecto de ley que, de aprobarse, puede poner a estos pueblos “en riesgo de exterminio”, según la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio).