Un mes turbulento para Participacion
El organismo suma reclamos de varios frentes. El proceso de control político, el más avanzado.
Un mes después de haber mantenido su primera sesión, el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), más que acciones u “obras” como las llama el presidente del organismo, Carlos Tuárez, suma reclamos y cuestionamientos.
Solo ayer, en menos de 30 minutos, cuatro de los siete integrantes del organismo acumularon cinco denuncias en la Fiscalía General por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, lo que antes se conocía como desacato.
A la cabeza Tuárez que junto a la vicepresidenta Rosa Chalá y los consejeros Victoria Desintonio y Walter Gómez, aprobaron la tarde del miércoles la conformación de una comisión de abogados para revisar el proceso administrativo de designación de la Corte Constitucional.
Con estos reclamos el CPCCS suma unos 14 procesos en su contra en diferentes instancias estatales. En la Asamblea Nacional hay dos pedidos de juicio político que iniciaron en contra de Tuárez, acusado de presentar documentos adulterados para inscribir su candidatura, pero que podrían extenderse a Gómez, Chalá y Desintonio.
En la Fiscalía, además de los cinco que ingresaron ayer, existía un pedido de investigación planteado por la Unión Nacional de Educadores (UNE) para que se indague la documentación que presentó el presidente del organismo para poder ser candidato.
En la Contraloría General del Estado hay dos pedidos para que se inicien exámenes especiales directamente a los integrantes del CPCCS y uno al proceso de postulación, verificación y calificación de candidaturas que llevó adelante el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Hay dos iniciativas ciudadanas que buscan, en cambio, la eliminación total de la entidad. Una, la del movimiento Ahora, ya fue entregada a la Corte Constitucional para que, a través de una consulta popular, se pregunte a los ecuatorianos si están de acuerdo con la supresión total del CPCCS. La otra, del Comité por la Reinstitucionalización, que será entregada en los próximos días y está liderada por el exconsejero de transición, Pablo Dávila.
La ministra del Interior, María Paula Romo, sumó ayer otro frente. La funcionaria dijo que la propia Corte Constitucional (CC) podría revisar el incumplimiento de su dictamen y, si efectivamente se violó la sentencia, pedir su destitución. “Cada uno de estos escenarios tiene que seguir un procedimiento y cada instancia dará su respuesta de acuerdo a sus atribuciones”, señaló Romo.
¿Cuál podría ser la primera en actuar? Los tiempos, en el papel, parecen más favorables para la Asamblea. Uno de los pedidos de juicio político está listo para ser calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL). Aunque la propia CC podría acelerar el análisis ante el posible desacato.
Los Detalles
Sanción
El Código Integral Penal sanciona con prisión de uno a tres años a quienes incumplan orden o prohibiciones legales emitidas por una autoridad competente.
Contraataque
Tuárez reiteró que es un perseguido del movimiento CREO y dijo que su líder, Guillermo Lasso, habría cometido irregularidades que el CPCCS va a investigar.
Reacción
La Fiscalía abrió indagación contra los cuatro consejeros
La justicia concedió las medidas cautelares solicitadas por Villamar
La Fiscalía General del Estado abrió una indagación previa en contra de los cuatro miembros del Consejo de Participación Ciudadana por una denuncia de desacato, al crear una comisión especial para revisar la elección de los jueces de la Corte Constitucional, lo que viola un fallo constitucional.
