Semivacío y dividido. Así luce el edificio en el que, hasta este miércoles 31 de julio de 2019, funciona la sede de la Superintendencia de Comunicación (Supercom), ubicado en el norte de Quito.

Desde el jueves 1 de agosto, las instalaciones serán ocupadas por el Consejo de Regulación de la Comunicación (Cordicom) que asumirá algunas funciones de la Supercom como dispone la reforma a la Ley de Comunicación.

El proceso de liquidación de la Superintendencia tuvo tres etapas: el 20 de abril se completó la evaluación a todos los trabajadores que tenía la entidad. Luego vino el cierre de las tres superintendencias zonales. Las primeras fueron Guayas, Esmeraldas y Manabí (hasta el 31 de mayo); Riobamba, Cuenca y Loja (30 de junio) y hoy concluye sus labores la planta central.

La mañana de este 31 de julio todavía continuaba el proceso de entrega de las oficinas y parte del mobiliario a la Cordicom. Otros objetos irán a manos de Inmobiliar. Las áreas que ya están en manos del Consejo de Regulación están restringidas, no así las que permanecen ocupadas por unos pocos funcionarios de la Supercom.

¿Cuál es el futuro de los funcionarios de la Superintendencia?

Cuando se promulgó la reforma, a finales de febrero, la Supercom contaba con 225 empleados; pero está mañana solo 48 personas estaban a cargo de los procesos administrativos de cierre.

La mayoría han sido desvinculados, 17 pasan a la Cordicom y 25 a otras instituciones del Estado. Todo el proceso de liquidación de esta instancia, que fue creada en el anterior Gobierno, le costó al país $ 480.000.

Según los liquidadores, serán devueltos cerca de tres millones de dólares al Ministerio de Finanzas como saldo de la operación de lo que restaba del año.

Desde su creación en 2013, la Supercom fue dirigida por Carlos Ochoa, quien ahora está prófugo, acusado del supuesto delito de falsificación ideológica de documento público.

La Superintendencia investigó 1.212 casos de los cuales 707 terminaron en sanción a medios de comunicación, el 60 % fueron multas económicas.