Apoyo. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y el exjefe de Estado Luiz Inácio Lula da Silva, fundidos en un abrazo tras la fallida investidura.

Lula da Silva ya es ministro, pero no podra ejercer el cargo

Un juez brasileño suspendió ayer el nombramiento del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva como jefe de gabinete, alimentando las tensiones en un país paralizado por escándalos de corrupción que amenazan el mandato de Dilma Rousseff, que ante la decis

Un juez brasileño suspendió ayer el nombramiento del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva como jefe de gabinete, alimentando las tensiones en un país paralizado por escándalos de corrupción que amenazan el mandato de Dilma Rousseff, que ante la decisión del magistrado optó por presentar un recurso legal e intentar salvar (otra vez) a su mentor.

Con esta última medida, el expresidente sigue como ministro, pero no podrá ejercer las funciones de su cargo hasta que se resuelva la decisión judicial que suspendió su nombramiento, afirmó el titular de la Abogacía de Brasil, José Eduardo Cardozo.

“La gritería de los golpistas no me va a sacar del rumbo ni va a poner de rodillas a nuestro pueblo”, declaró la mandataria en el Palacio de Planalto, mientras en el exterior de la sede del gobierno la policía se interponía entre partidarios y adversarios del régimen.

Lula, investigado en una causa por presunto ocultamiento de bienes en el megafraude de la estatal Petrobras, dejó el salón sin hacer declaraciones luego de ser investido, en medio de una marea de custodios, asistentes, políticos y periodistas.

Pero 40 minutos después, el juez Itagiba Catta Preta suspendió la toma de posesión de Lula, al considerar que su designación obedecía al intento de protegerlo ante la justicia de investigaciones relacionadas con las redes de corrupción descubiertas en Petrobras.

El gobierno, acto seguido, apeló la decisión del juez. “No hubo desvío de poder ni un intento de obstruir a la justicia” en el nombramiento de Lula, indicó en un comunicado la Abogacía General de la Unión (AGU), que representa y defiende al Estado, contrariamente a lo que sostenía el juez que emitió el fallo preliminar.

La apelación fue introducida en la justicia del Distrito Federal, que no tiene plazo para pronunciarse. “No hay en la designación de Lula un intento de escapar de una investigación. La finalidad es indiscutible”, adujo el ministro jefe de la AGU, José Eduardo Cardozo, que calificó al juez Catta Preta de ser una “persona que se ha comprometido públicamente con una militancia política” para “acabar con el gobierno” de Rousseff.

En su recurso, la AGU dice además que “la decisión viola frontalmente el principio de la separación de poderes”, porque “compete particularmente al presidente de la República la designación y destitución de ministros de Estado, sin que haya algún impedimento legal para la asunción del expresidente”.

El nombramiento de Lula le procura foros especiales, y solo puede ser procesado por la Corte Suprema, evitándole comparecer ante el juez Sergio Moro, que lleva la causa Petrobras.

“Lula seguirá obligado a responder por todos los actos que supuestamente haya cometido”, ante la Corte Suprema, que ya se ha mostrado “extremadamente severa en juicios criminales”, indicó la nota del jefe de la AGU.

“Es hasta una ofensa a la magistratura nacional afirmar que la corte estará ‘sujeta a influencias políticas o cualquier otra forma no legítima para decidir’”, añadió la nota.

La crisis que sacude al gobierno brasileño arreció el miércoles, cuando Moro liberó el audio de una conversación interceptada entre Lula y Rousseff, en la que la mandataria le informó que le enviaba el decreto de su nombramiento para que pueda “usarlo en caso de necesidad”.

Según Cardozo, Lula “es formalmente ministro de la Casa Civil, pero sus actos en el cargo carecen de validez” hasta que la justicia regional, que incluye al Distrito Federal, se pronuncie.