En Lima, registran la vivienda del expresidente Alejandro Toledo por el caso Odebrecht
En Perú, Odebrecht pagó 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios entre 2005 y 2014.
Policías y fiscales iniciaron este 4 de febrero el registro de la vivienda del expresidente peruano Alejandro Toledo en Lima, dentro de la investigación en su contra por recibir supuestamente 20 millones de dólares de la constructora Odebrecht para favorecer sus negocios en el país. El registro, aprobado por el poder judicial, arrancó en la madrugada local y continúa a cargo de un equipo especial del Ministerio Público peruano, quien indicó en Twitter que toda la documentación incautada durante la inspección “será evaluada” por la fiscalía.
Según pudo verse por la televisión peruana, varios funcionarios registraban la residencia del exPresidente, quien se encuentra fuera del país, ubicada en un lujoso barrio de Lima. De momento, la fiscalía no toma medida alguna contra Toledo, mas allá del registro de su vivienda. Si bien la prensa local especula con que el fiscal del caso, Hamilton Castro, puede pedir a más tardar el próximo lunes 6 de febrero la detención del exPresidente y, llegado el caso, solicitar la busca y captura internacional por los delitos de cohecho y lavado de activos.
Toledo sería la primera gran figura de la política peruana inculpada por recibir sobornos de Odebrecht, después de conocerse que un colaborador, identificado por la prensa como el responsable de la empresa brasileña en Perú Jorge Barata, habría presentado a la fiscalía un documento según el cual recibió 20 millones de dólares para entregar la construcción de la carretera Interoceánica. El exMandatario negó este sábado “absoluta, rotundamente” estas acusaciones y pidió que registren sus cuentas bancarias para comprobar que él no recibió dinero de Odebrecht.
En Perú, Odebrecht pagó 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios entre 2005 y 2014. Dicho lapso comprende los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), según se desprende de un acuerdo firmado por la compañía con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
