Las dos crisis sistémicas más graves que se dieron en la economía ecuatoriana, en 1982 y 1999, comprometieron la integridad del sistema financiero. La primera tuvo como consecuencia la sucretización de las deudas externas privadas y la última desembocó en la dolarización. En ambos casos, las tensiones crecieron como consecuencia del exceso de crédito impulsado por el gasto público, por la represión financiera y cambiaria, y por la laxa supervisión del sector bancario, una actividad que, por ser el custodio de dineros ajenos, no puede quedar a su libre e inadulterado albedrío pues es fácil presa del abuso y la deshonestidad. Son lecciones que no se han aprendido pues una vez más se repiten escenarios reminiscentes del pasado. Hay un fisco desaforado cuyas finanzas son inviables; un Banco Central con un faltante de 80 % de cobertura entre sus activos y pasivos y manejado por quienes se prestaron para el expolio; existe bifurcación reguladora con esquemas inaceptables de supervisión para las cooperativas y potenciales engendros híbridos de bancos y cooperativas; sobrevive la represión financiera en materia de tasas de interés a despecho de las distorsiones que esta práctica causa en el uso del capital; finalmente, quienes fungen de autoridad en los ámbitos fiscal y monetario han evidenciado una inquietante falta de conocimiento en materia económica. Hay, a diferencia del pasado, una institución reguladora, la Superintendencia de Bancos, que está asediada por quienes se quieren tomar por asalto el control del sector. A todo esto cabe añadir una Asamblea inoperante cuyos integrantes, salvo honrosas excepciones, no atinan a legislar sobre materias de extrema importancia para los ecuatorianos.

¿De quién es el riesgo? La respuesta es: de los depositantes en primera instancia y de los contribuyentes quienes, tal como lo prueba el mismo proyecto de ley, son los llamados a pagar las cuentas por los manejos fiscales dolosos e ineptos de los gobiernos. ¿Quién tiene la responsabilidad de atender los intereses de los depositantes? En este caso, la respuesta inequívoca es que, en tiempo presente, la autoridad de supervisión de la banca, el Banco Central incluido, la ostenta la Superintendencia de Bancos, y esta la ley la transfiere, incluida la capacidad de normar una inexistente política monetaria y crediticia, a un tríptico de instituciones (la Junta, el Directorio y el Banco Central) que son al mismo tiempo dependientes del Ejecutivo pero se autootorgan autonomía total, incluyendo la capacidad para anular las acciones de control y supervisión que se originen desde la Superintendencia.

Es un nuevo pacto con el diablo que, una vez más, un gobierno disfuncional, con la connivencia de la Legislatura, propone sin medir las consecuencias. Se hace caso omiso de las lecciones de la historia que están patéticamente demostradas por el quebranto social que los descalabros mencionados significaron, incluyendo la “expulsión” de alrededor de un millón de ecuatorianos y la consecuente destrucción de vidas y familias enteras cuyas economías colapsaron. Hoy se invoca la falacia de “proteger la dolarización” por los mismos que con su ineptitud han hecho lo posible por destruirla.