“Caso Samanes y la seguridad juridica en las instituciones del Estado”

N o soy economista ni abogado, pero es transparente la opinión del común de los ecuatorianos con respecto a la falta de seguridad jurídica en instituciones autónomas. Como consecuencia de la mala administración del gobierno en tiempos de vacas gordas, hoy que estamos en época de vacas flacas se siente la crisis. Y es tal, aunque el gobierno (académicamente) no la acepte, que busca de dónde sacar dinero para paliar la misma.

Ha obrado como amo y señor al tomar decisiones unipersonales como juez, que han dejado sin sustento la seguridad jurídica. Vemos que un contrato por la compra de un terreno en Samanes, entre dos instituciones públicas realizado legalmente en 2010 entre el Ministerio del Ambiente que solicitó previamente al Dinac el avalúo correspondiente y el Issfa, lo resuelve unilateralmente, aduciendo un sobreprecio basándose en un avalúo municipal que es para pagar impuestos y no tiene valoración para contratos entre las partes privadas ni públicas.

Debería ser resuelto judicialmente, aunque la prescripción para contratos públicos es de 4 años y automáticamente un juez declararía nula la decisión del gobierno. De esta manera toma el gobierno la decisión unilateral de descontar la “diferencia”, demostrando cierta animadversión o indiferencia con la clase adulta jubilada.