Ambas instituciones tienen razón en la propuesta y reclamos presentados ante la Asamblea Nacional, pero están argumentando sobre medias verdades y premisas erradas, que denotan manipulación de la problemática y prácticas administrativas equivocadas. Los problemas medulares del sector rural ecuatoriano no se resuelven solo cambiando el artículo 154 del Código de la Democracia, sino que hay que tener presente antecedentes históricos y elementos actuales sobre la organización territorial del Estado, ordenamiento del territorio y su gestión, donde se generan la representación política y la participación efectiva que están solicitando las JPR.

Celebramos que no se haya archivado la propuesta como lo demandaban algunos asambleístas del CAL de la AN, que primero la aceptan por unanimidad y posteriormente la reconsideran; o, el Congope, encabezado por el prefecto Baroja, que dice: “Hablamos que la provincia es una, íntegra, no hay división”, y desconoce la existencia de desigualdades y exclusiones sociales y de inequidad territorial en ella. Creemos que se debe iniciar un debate ciudadano y convocar a la Academia y colegios profesionales, para que colaboren en el desarrollo de la perspectiva territorial para la reforma del Estado y por el buen gobierno, pero principalmente por la ciudadanización de la política. Antecedentes históricos a tenerse en cuenta: 1.- América Latina desde la Colonia ha sido un continente de ciudades; los colonizadores trastocaron totalmente el patrón de asentamientos de nuestros aborígenes e implantaron el modelo ibérico con ciertas variantes dadas por el territorio, casos de valles y sabanas, y nos introdujeron las ciudades-puertos. El poder se centralizó en las crecientes urbes y desde aquí se supeditó y hegemonizó al campo, generándose una relación asimétrica que perdura hasta la actualidad. 2.- Irreversible proceso de urbanización de las economías nacionales en la región está provocando el despoblamiento generalizado del campo. En Ecuador, según el censo de 2010, reside en el sector rural el 37,5 % de la población nacional, cifra que se irá reduciendo.