Un juicio contencioso obligaria al Estado a pagar $ 140 millones

Un fallo desfavorable en un juicio contencioso administrativo que se encuentra en sus instancias finales, obligaría al Estado ecuatoriano a pagar $ 139’571.676,37 a una empresa excontratista que reclama una indemnización por daños y perjuicios y el pago de facturas supuestamente impagas.

El 25 de junio de 2014, la firma Energycorp Compañía Generadora de Energía S.A. interpuso ante el Tribunal Distrital Contencioso Administrativo una demanda en contra del Ministerio de Electricidad y la Procuraduría General del Estado.

La empresa, dedicada a la operación de instalaciones de generación eléctrica, exige la liquidación de un contrato de compraventa de potencia y energía, por $ 38 millones, que suscribió en 1998 con el desaparecido Instituto Ecuatoriano de Electrificación (Inecel), y que dos años después el entonces Ministerio de Energía y Minas, mediante un acuerdo ministerial y una ratificación, resolvió terminarlo de manera unilateral y anticipada, por supuestos retrasos e incumplimientos.

La demandante pidió al Tribunal que se atienda su requerimiento de indemnización en consideración de los perjuicios causados por el rompimiento de ese compromiso. El monto exigido incluye daño emergente y lucro cesante.

El 25 de noviembre de 2013, el Tribunal Contencioso Administrativo, a través de una sentencia, había dado la razón a Energycorp en un reclamo interpuesto tras el rompimiento contractual. En su fallo, declaró la nulidad del acuerdo ministerial y el acto ratificatorio que dio por terminado el contrato, y dispuso que el proceso se reponga momento previo a la emisión de los informes económico y jurídico que sirvieron para la decisión de terminar anticipada y unilateralmente el contrato suscrito en 1998.

Asimismo, el 6 de marzo de 2014, el Tribunal desechó un pedido de aclaración del fallo propuesto por la Procuraduría.

El proceso en el Contencioso Administrativo se encuentra en la práctica de pruebas, previo al pronunciamiento final de los jueces. Los abogados de Energycorp dijeron a EXPRESO que la sentencia vendrá una vez que terminen las pruebas y se presenten alegatos.

El juicio, adverso para el Estado hasta ahora, movió al Gobierno a tomar acciones. El 14 de octubre de 2014, el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable contrató al abogado Fabián Andrade Narváez para el asesoramiento y patrocinio jurídico del caso. Esos servicios fueron contratados por una cuantía de 450.000 dólares.

Según la cláusula del contrato sobre la forma de pago, el 30 % de ese monto se reconoce como honorarios de éxito y será desembolsado solo si se obtiene una providencia judicial ejecutoriada con la que se dé por terminado el proceso propuesto por Energycorp, sin que se condene al Estado a prestación alguna; o si esa empresa y el Estado suscriben un acta de mediación o acuerdo transaccional que ponga fin a la controversia.

Este caso -aclara la cláusula- excluye toda forma de condena al Estado ecuatoriano por daños y perjuicios que no correspondan al interés previsto en la ley. “En este caso, el porcentaje de honorarios de éxito se reducirá en la misma proporción que represente la condena al Estado en relación con la cuantía de la demanda”.

A través del contrato de compraventa, firmado hace 18 años, Energycorp debía suministrar energía termoeléctrica desde una central de generación emplazadas en las barcazas denominadas Victoria II (generadora de energía eléctrica) y Sky III (almacenadora de combustible), en la isla Trinitaria, en Guayaquil.

Ambas unidades, hoy acoderadas en el sector de Las Esclusas, fueron adquiridas en 2004 por la compañía Intervisatrade S.A. Una sentencia por un delito aduanero de evasión tributaria, emitida el pasado 16 de marzo, ordenó la confiscación de las barcazas y una multa contra la firma propietaria, por casi $ 50 millones (10 veces más del valor que supuestamente se pretendía evadir).

Intervisatrade está intervenida por el Estado desde el 24 de diciembre de 2014, por orden judicial. Desde esa fecha la operación de las barcazas está en manos de las autoridades energéticas.