El juez de Garantías Penales del Guayas, Jorge Martínez Olivares, declaró la tarde del 22 de octubre de 2019 la nulidad de una parte del proceso penal que se sigue en contra del exministro Iván Espinel Molina, en la reanudación de la audiencia preparatoria de juicio que se instaló a las 11:30, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

El funcionario judicial acogió el pedido de la defensa del procesado que invocó el principio non bis in idem (No dos veces por el mismo hecho), luego de analizar la sentencia que condenó al excandidato presidencial a diez años de cárcel, por el delito de lavado de activos; y, los hechos que llevaron a la Fiscalía General del Estado a iniciar otro proceso por un presunto enriquecimiento ilícito.

Tras determinar que son los mismos hechos investigados al mismo sujeto, Martínez dispuso la anulación de todo lo actuado en el proceso a partir del 20 de noviembre de 2018. Esto es, desde que se dio la formulación de cargos en contra de Espinel. Con la nulidad, levantó también todas las medidas cautelares y reales que se ordenaron en contra del exministro, como la prisión preventiva.

El fiscal Gustavo Benítez, quien investiga el caso, presentó de manera oral el recurso de apelación al no estar de acuerdo con la resolución del juez Martínez.

“No hay un non bis in idem, toda vez que en el Ecuador se tiene tratado y convenios internacionales y compromisos internacionales en que los delitos previos, puede ser de cualquier naturaleza, no hay un delito previo específico, el juez resolvió declarar la nulidad porque considera que lavado de activos y enriquecimiento ilícito son los mismos hechos, pero... en nuestro país no se ha resuelto este dilema jurídico. Se ha resuelto en cuanto al enriquecimiento privado no justificado y el lavado de activos, pero no frente al enriquecimiento ilícito y lavado de activos”, explicó el fiscal.

Representantes de la Procuraduría, Contraloría, y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) se adhirieron a la Fiscalía al presentar el recurso de apelación, para que sea un tribunal de Sala Penal quien de la última palabra al respecto.

La defensa del procesado se mostró satisfecha con el fallo, pero presentó en la audiencia un recurso de ampliación, mediante el cual solicitó el levantamiento de las medidas cautelares.