No salvan vidas, pero aseguran que también han estado en la ‘línea de fuego’; sin embargo, a diferencia del grupo de profesionales reconocidos por enfrentar la pandemia de la COVID-19, ellos se sienten olvidados.

Servidores judiciales de Guayaquil decidieron elevar su voz de protesta ante el incumplimiento del pago de sueldos al sector, a nivel nacional. El juez Reinaldo Cevallos, presidente de la Asociación Judicial del Guayas, salió al frente para exteriorizar la preocupación que tienen todos sus compañeros, desde jueces hasta ayudantes.

“Debemos reconocer la situación que atraviesa nuestro país, pero debo recordar que los presupuestos fueron aprobados con antelación a lo que está sucediendo (...) muchos de los jueces y servidores judiciales hemos sufrido en carne propia esta enfermedad, lo que no ha impedido que la justicia siga cumpliendo a cabalidad con su función (...)”, expresó el funcionario al asegurar que entran al cuarto mes de incumplimiento de pagos puntuales. Aún no reciben lo correspondiente a junio y julio.

Ayer, judiciales de Guayas analizaban la crítica situación económica por la que están atravesando. “Muchos están saliendo de esta enfermedad, pero no tienen dinero para seguir solventándose (...)”, comentó Cevallos, lo que fue corroborado por algunos compañeros. “Ya no podemos ni utilizar las tarjetas de crédito porque están copadas”, resaltó otro servidor.

Autoridades del Consejo de la Judicatura (CJ) reconocieron la crisis por la que atraviesa el país y con ello la Función Judicial, por los recortes presupuestarios y sistemáticos realizados por el Ministerio de Finanzas que, según Pedro Crespo, director del CJ, superan los 19’500.000 de dólares, con una modificación adicional de $ 1’200.000.

Estas afectaciones limitan el nombramiento de personal jurisdiccional, comprometen partidas de remuneraciones, aporte patronal, fondo de reserva, décimo tercer y décimo cuarto sueldo a nivel nacional e imposibilitan el reintegro de funcionarios, detalló Crespo.

El vocal Juan José Morillo enfatizó que la falta de asignación de recursos comprometería la realización de videoaudiencias desde el 15 de agosto y afectará gravemente a procesos de adquisición de equipamiento, así como al despliegue del sistema judicial (Satje2020), entre otras herramientas. Además, podría impedir que se cumpla con la ley para la erradicación de la violencia y el pago de obras.

“Si a esto se suman los recortes presupuestarios, se está poniendo en riesgo la estabilidad de muchos servidores judiciales y, por ende, se afecta gravemente al servicio público de administración de justicia”, agrega el vocal Fausto Murillo al revelar que la Función Judicial genera por autogestión alrededor de 80 millones de dólares al año, “recursos que ingresan al presupuesto general del Estado y que no regresan al sistema de justicia para que pueda satisfacer sus necesidades”.

María del Carmen Maldonado, presidenta del CJ, mencionó que siempre ha establecido contacto con Finanzas, para determinar acciones coordinadas, sin embargo, no se está cumpliendo con la priorización de salud, educación y justicia que establece la Constitución. Reinaldo Cevallos reitera que la situación económica por la que atraviesa actualmente el judicial es apremiante, por lo que aprovechó una entrevista con EXPRESO “para hacer conciencia en el Ministerio de Finanzas que no se o olvide que la Función Judicial siempre está al servicio de la justicia, de la ciudad, del país y que sin nosotros se produciría un caos jurídico”.

Los judiciales esperan que la Judicatura deposite en estos días lo adeudado, como así lo han prometido. De lo contrario, no descartan tomar acciones “porque se está obviando el cumplimiento de principios constitucionales que establece nuestra Carta Suprema, que es precisamente la atención al trabajo. El trabajo cumplido debe ser remunerado y no lo está haciendo, es una acción que podría plantearse, además de la desigualdad que existe en solo atender pagos a ciertos sectores. Nosotros estamos en primera línea, atendiendo igual que los médicos, policías, Fuerzas Armadas, Fiscalía, todos están atendidos ¿y nosotros?”, se preguntó el funcionario.

Los atrasos en pago de sueldos vienen desde el mes de marzo, en que se decretó el estado de excepción por la emergencia sanitaria que derivó el coronavirus. Desde entonces, señalan los judiciales, comenzaron a pagar los sueldos con días de atrasos. “Nos pagaban los 28 de cada mes. Hasta febrero fue normal, pero luego nos pagaron el 17 de abril lo que correspondía a marzo, el 16 de mayo lo de abril y el 6 de junio lo de mayo. Ahora estamos a la espera de junio y ya vence julio”, detalló una servidora. “Vamos a caer continuamente, sistemáticamente en atrasos y eso no puede ser posible, porque esa es una forma de corrupción, porque de ahí depende la necesidad; los delincuentes por qué dicen que cometen delitos, porque no tienen trabajo, porque no tienen de donde obtener bienes, eso no puede ocurrir con la Función Judicial, obviamente que indicó que eso no va a pasar, pero nosotros los jueces razonamos (...) no puede ser posible que exista motivo de que no se paguen los sueldos y se cometan cosas ilegales”, puntualiza el dirigente judicial.