El lunes 13 de julio el director del Consejo de la Judicatura en Pichincha, Hugo Oliva, le pidió al director jurídico del organismo, Pedro Crespo, que disponga la suspensión inmediata del trabajo presencial en las unidades, tribunales y salas de justicia de la provincia.

¿La razón? Oliva se refirió al evidente incremento de contagios de COVID-19 entre los judiciales y administrativos en Pichincha y habló de vulneración del cerco epidemiológico.

Además solicitó la suspensión de la atención presencial de los usuarios del servicio de justicia, para que los servidores permanezcan en teletrabajo. Requirió que las audiencias se realicen de forma virtual. 

Sugirió solo cuando sea imprescindible, por aspectos procesales, la realización de audiencias presenciales, que tendrán que ser debidamente coordinadas para el efecto, guardando estrictas medidas de bioseguridad. 

EXPRESO consultó a la Judicatura sobre el pedido. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

El domingo en un comunicado la Fiscalía anunció que debido al incremento de casos confirmados en Pichincha y para precautelar la integridad de sus servidores, las actividades seguirán en teletrabajo para administrativos y los de las unidades misionales entre el 13 y 17 de julio. 

Para las unidades de Flagrancia, la atención se mantiene las 24 horas los siete días de la semana bajo la modalidad de turnos domiciliarios, llamadas, videoaudiencias y otros medios virtuales.

Hay contagios también entre los abogados. Según cifras del Colegio de Abogados de Pichincha, al menos 120 de sus cerca de 15.000 agremiados están contagiados.