La alerta del deslizamiento en el cerro El Jordán, en el kilómetro 22 de la vía Perimetral llegó ayer, cerca del mediodía. Aunque Víctor Tuárez, vecino del sector, quien avisó a la Policía Nacional sobre el hecho, asegura que el derrumbe ocurrió a las 08:00.

Dos personas aparecieron más tarde bajo tierra. Sin vida. Ambos de contextura delgada, de no más de 30 años, piel morena y labios color púrpura, un síntoma de asfixia.

“Fui a la UPC (Unidad de Policía Comunitaria) y les dije que parecía que un amigo que reciclaba y a veces dormía allí estaba enterrado. Lo supe porque su carro lleno de botellas estaba abandonado”, cuenta.

Cuatro policías arribaron al sitio a las 11:00. No esperaron a los bomberos, simplemente empezaron a escarbar. “Yo vi todo, ellos (los fallecidos) estaban como sentados y el plástico del techo con el peso de la tierra los había asfixiado”, relata.

La zona no está habitada, recalcó a EXPRESO Juan Ramírez, director de Gestión de Riesgos del Municipio. Se trata más bien de un sector en donde se improvisan estas covachas para diferentes fines ilícitos, como bodegas de material reciclado, guarida de consumo de estupefacientes o ambas.

Es un problema que está presente en la ciudad, reconoce el funcionario, sobre todo a lo largo de la vía Perimetral y en el cerro Bellavista, donde se han reportado otras casuchas. “Es la Dirección de Justicia y Vigilancia la que realiza los controles y desalojos de este tipo de asentamientos”, explica.

Sin embargo, el director de ese departamento, Xavier Narváez, recalca que su labor es solo de ejecución y que toda acción de desalojo tiene que llegar luego de un informe de otros estamentos del Cabildo, como Riesgos, Interagua o la Dirección de Urbanismo.

“Actúo formalmente a través de las comisarías; pero no salgo a verificar los escenarios, porque no tengo técnicos para eso”, argumenta Narváez. Otros pedidos de desalojo suelen llegar de dirigentes que notifican en oficio la situación.

Con esa declaración, se devela que el Municipio no cuenta con un departamento que controle estos asentamientos.

El director de Urbanismo, José Miguel Rubio, argumenta que es un tema que se ha abordado de forma general en la Comisión de Ordenamiento, y que luego de notificaciones formales se da la orden a Justicia y Vigilancia para que proceda a los desalojos. “El problema no es solo en las faldas de los cerros, también hay invasiones en los portales de las casas”, describe el funcionario.

El deslizamiento de ayer respondió a una remoción de la arcilla del cerro a causa de la lluvia que cayó la noche del martes, y se agravó porque en el tramo que ocurrió el accidente no hay rocas, describe el jefe municipal de Riesgos.

Para las labores de rescate, la Autoridad de Tránsito Municipal notificó cerca de las 13:00 que en la altura del bloque 11 de Bastión Popular, en dirección sur-norte, debió desviar los vehículos hacia la vía a Daule.

Cuarenta miembros del Cuerpo de Bomberos y dos canes de rescate participaron en la recuperación de dos cuerpos más, que supuestamente habrían estado también en las covachas. “Usamos herramientas portátiles, cámaras térmicas para detectar el calor humano y al final perros adiestrados en rescate. Pero los resultados fueron negativos. Ahora usamos retroexcavadoras para verificar si hay más cuerpos”, indica Jorge Montenegro, jefe de la división especializada de rescate de los bomberos.

La covacha estaba al pie de la vía, en las faldas de El Jordán. Yajaira Pino, de 20 años, amiga de Daniel, uno de los fallecidos, durmió en las carpas improvisadas hace cuatro días. “Nosotros somos consumidores de ‘hache’. Daniel era mi amigo, me da pena, no era una mala persona. Ya tres años llevan viviendo ahí, aunque siempre se derrumbaba, pero nunca pensaron que iba a pasar esto”.

Entre la multitud, Flor Vargas, una morena alta y de cuerpo atlético, sollozaba junto a dos amigas. Ella era exesposa de Daniel. “Cuatro chicos pasaban allí. Mi exesposo era reciclador. El otro (fallecido) es un chico nuevo de Daule, que su hermana lo botó de la casa por no ayudarla a construir. También dormía Antony y Gisella. Ella era mi amiga, tiene dos hijos. Fuimos juntas a la clínica de rehabilitación (de drogas)”, relata.

En el lugar también estuvieron presentes miembros de la Policía Nacional, de la Dirección de Obras Públicas de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil y de la Fiscalía. Este último se encargó del levantamiento de los cadáveres, pasadas las 14:00.

Paulina Vélez, moradora de Bastión Popular, criticó la labor del Estado en la atención de jóvenes consumidores y sin hogar. “En nuestros barrios hay tantas personas que necesitan ayuda. En algún momento nosotros propusimos que usen los solares vacíos para que den acogida a estas personas, pero no ha pasado nada. Todo sigue igual”, lamenta la vecina.

Respecto al tema, la coordinación de la zona 8 del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), que ha especificado no tener la competencia para dar atención a este grupo de personas, precisó haber iniciado un programa con los adultos mayores que viven en la calle.

La semana pasada identificaron alrededor de 50 que habitan en las zonas céntricas de Guayaquil, así como en la terminal terrestre, sectores aledaños al hospital Luis Vernaza y los túneles de los cerros Santa Ana y El Carmen, con el objetivo de identificar su condición de vulnerabilidad. “A 22 de estos ya los hemos incluido a un proyecto nuevo y diurno que tenemos, donde se los alimenta y se les enseña una serie de actividades recreativas y lúdicas”, dijo.

Sin embargo, para los habitantes este tipo de acciones resultan insuficientes. “Necesitan un techo, de alguien que se fije realmente en ellos, que quieran ayudarlos a salir de dónde están”, coinciden.

El experto

“La indigencia es un tema olvidado por las autoridades”

El sociólogo Andrés Martínez es claro. Para él, el tema de la indigencia en Guayaquil es tan grave que aún no se conoce a profundidad cuántos viven en situación de calle porque fueron víctimas del abandono, o como consecuencia del consumo de drogas o la delincuencia.

“Esta es una problemática social que está en el limbo y en completo abandono hace décadas”, piensa, al hacer hincapié en que es deber del Municipio de Guayaquil y el Gobierno atenderlos. O al menos tratar de reducir las amenazas a las que se enfrentan a diario.

Para él, la creación de un albergue, que a su juicio podría incluso levantarse con el aporte de las instituciones caritativas, la empresa privada o la Teletón, ayudaría a mejorar su calidad de vida.

“Decir que el Municipio deba desalojar a estas personas para evitar situaciones como las ocurridas, no sirve de nada porque no enfrenta ni reduce el problema”. Lo ideal, sentencia, radica en atenderlas e incentivarlas a que cambien y se reinserten a la sociedad, no solo para volverse productivas, sino para recuperar a sus familias y espacios.