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En 2018, el gerente general de la Flopec gestionó el proceso de financiamiento, por $130 millones, con el objetivo de modernizar la flota navieraCortesía

Irregularidades en Flopec dejan un perjuicio de $ 1,5 millones

La Contraloría determinó indicios penales y glosas por la fallida contratación de una línea de crédito para la Flopec

La Contraloría remitió un informe con indicios penales a la Fiscalía en la que están señalados ex funcionarios de Flopec. Según esta entidad, la contratación, en 2019, de un crédito por parte de Pegasus (empresa panameña subsidiaria de la Flopec), se realizó al margen de la legislación ecuatoriana. Además, realizó pagos injustificados $ 1’588.515.

El contralor encargado, Carlos Riofrío dijo en una comparecencia en la Asamblea, este viernes 10 de febrero de 2023, que los auditores encontraron irregularidades en los procedimientos relacionados con el contrato de crédito internacional que Pegasus Oil Shipping Inc. (empresa panameña de propiedad de la Flota Petrolera Ecuatoriana, Flopec) suscribió en 2019 con la intermediaria financiera Koala Financial S.L.

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En 2018, en la presidencia de Lenin Moreno, el gerente general de la Flopec gestionó el proceso de financiamiento, por $130 millones, con el objetivo de modernizar la flota naviera adquiriendo dos buques Panamax, tres buques HandyMax y un pequeño navío petrolero. “La decisión se adoptó sin contar con la autorización del Directorio de la Flopec y sin que el proyecto sea declarado prioritario, incumpliendo lo dispuesto en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas”, indica la Contraloría en un comunicado.

Luego de suscribir el contrato, la Flopec transfirió $ 1’,4 millones a la cuenta de un presunto agente de Koala (que no acreditó su representación) “por los costos de emisión del instrumento financiero”.

Para asegurar estos recursos, “la intermediadora debió emitir una póliza de responsabilidad civil por el monto transferido. No obstante, el apoderado general de la compañía (quien utilizó un poder general revocado en 2018 para actuar como representante de Koala) entregó la copia simple de una póliza que amparaba únicamente a la intermediaria y no incluía a Pegasus Oil Shipping”.

El documento se emitió en noviembre de 2017, con un año de vigencia, por lo que, al 7 de enero de 2019, fecha en la que se realizó el desembolso, no tenía validez. “La comisión encargada del proceso de financiamiento aceptó la póliza civil sin considerar su caducidad y sin pasar por la revisión del asesor jurídico externo de la Flopec, ocasionando que los recursos públicos desembolsados queden desprotegidos”, señala la Contraloría..

En abril de 2019, el gerente general de la Flopec -y representante legal de Pegasus- informó al apoderado general de Koala el vencimiento del plazo para el desembolso de los $ 130 millones. En julio del mismo año notificó la terminación unilateral del contrato por el incumplimiento de las condiciones pactadas y solicitó la devolución del dinero transferido.

Ese año, la Flopec contrató dos firmas de abogados. A Locke Lord Attorneys & Counselords, de Houston, Texas, para que inicie la localización y” las acciones extra judiciales en los Estados Unidos para recuperar los fondos pagados por Pegasus a Koala”; y a Demelicorp S.A., para presentar una demanda por el incumplimiento del Convenio de Participación y Consecución Crediticia.

En su informe, auditoría advierte que el gerente Jurídico y el gerente general de la Flopec aprobaron desembolsos a los bufetes por $ 126.687, “pero no solicitaron documentación que sustente las actividades detalladas en las facturas por servicios legales”.

En total, la Contraloría sugiere responsabilidades civiles por un USD 1’588.515 -correspondiente al monto de los desembolsos injustificados- y multas por USD 61.828. Las posibles sanciones serán analizadas en el área de juzgamiento, junto con los descargos de los auditados.

“Además, se observó que la Flopec no cambió el estatus jurídico de Pegasus, de sociedad anónima a una empresa pública o de economía mixta, por lo que incumplió el Régimen de Disposiciones Transitorias de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, que regula a las compañías de propiedad del Estado, ocasionando que los recursos públicos que gestiona no estén reglados por el Derecho Público y bajo la supervisión de organismos de control ecuatorianos”.