Mientras la Corte Constitucional no diga lo contrario, está vigente el estado de excepción decretado la noche del lunes por el presidente de la República, Guillermo Lasso, en todo el país.

El mandatario justificó el decreto en la ‘grave conmoción interna’. Durará 60 días y se extenderá a todo el territorio, con énfasis en nueve provincias. Su fundamento son las circunstancias que han afectado gravemente los derechos de la ciudadanía por el aumento en las actividades delictivas.

El decreto no trae restricciones. Dice que apunta a precautelar los derechos de las personas y a controlar las circunstancias de inseguridad que se han generado, además de restablecer la convivencia pacífica y el orden público.

¿Se puede controlar la delincuencia con militares en las calles? EXPRESO consultó a militares retirados, expertos, abogados y otros actores.

Fernando Carrión, experto en seguridad de la Flacso, señala que las políticas de estado de excepción sirven para recuperar la legitimidad en el tema de seguridad por parte del Gobierno. Dice que, en ese sentido, no está mal pero que “un estado de emergencia permita resolver los problemas estructurales de la violencia, yo creo que hay una gran distancia”.

Ve un problema principal en la presencia de los militares en las calles y es el constitucional, porque sus atribuciones son en el tema de soberanía y eso implica una logística distinta que la empleada para el control de la violencia porque un militar está formado para la guerra.

El experto insiste que, por ejemplo, con políticas focalizadas para ciudades como Guayaquil, se dispone de efectivos policiales y militares de otros lugares, donde incluso existe déficit. Ese es el caso de Quito, a la que le faltan 6.000 policías y si se desplaza a los uniformados a un punto se generan vacíos en otros. Recuerda que en Guayaquil se produjo el ‘efecto globo’: delincuentes se fueron a otros sitios de Los Ríos y Manabí, donde subieron los delitos. Algo más grave: “donde se aplicó, el fin de semana tuvimos 12 homicidios. Es decir, tampoco tuvo efecto una medida de ese tipo”.

Mira que lo esencial no es sacar a las Fuerzas Armadas sino modificar el marco institucional del país. Habla de la necesidad de crear el Ministerio de Seguridad para que la cartera de Gobierno se dedique exclusivamente a la política y la de Seguridad al narcotráfico y a la seguridad ciudadana. Crear ese ministerio es una facultad del presidente.

Ratifica que, como medida paliativa, temporal, no está mal en el sentido que se visibiliza al Gobierno actuando en el ámbito de la seguridad. Pero, cuando los uniformados regresen a sus cuarteles la situación será igual porque no se modifica ninguna correlación de fuerzas. Opina que el control de armas se debe hacer con inteligencia. Ahí es donde existe un problema.

Y Fausto Cobo, director del Centro de Investigación Estratégica (CIES) concuerda. Asegura que la inteligencia es un elemento vital en el proceso de toma de decisiones por parte del Estado. Cree que debe haber un sistema sobre la base de varios subsistemas: Fuerzas Armadas, Policía, SRI, Aduanas, Riesgos. Todos deben estar incorporados y en capacidad de producir inteligencia política.

Cobo lleva menos de un mes al frente del CIES y lo que recibió considera que es un sistema que fue desmantelado en el gobierno anterior y con capacidades debilitadas. Esa realidad es la que está cambiando en la medida de las capacidades existentes.

Había que definir las amenazas y el esfuerzo de búsqueda ya lo definió el presidente, ratifica. Cita: narcotráfico, crimen organizado, las mafias y “la otra es la sedición y la conspiración que está en ciernes, en desarrollo, están conectadas entre sí, hay vulnerabilidades, peculiaridades”.

El general Wagner Bravo, excomandante del Ejército, reflexiona que hasta tener políticas de seguridad nacional se toman medidas coyunturales para evitar que siga creciendo el problema, como el estado de excepción. Reconoce que esa medida no va a solucionar el problema, pero lo alivia hasta tener un plan que involucre a todos los ciudadanos.

Sobre la extensión del decreto apunta que la delincuencia migra, los delincuentes se van a otros lados a cometer grandes robos, por eso la medida debe ser a escala nacional.

Actuaciones

Disposiciones

En las Fuerzas Armadas por el momento la disposición es reforzar las unidades con otra del mismo tipo en las nueve provincias. Movimiento de personal con sus pertrechos y se designará un mando unificado en cada provincia.

Implementos

Cuando un militar sale a patrullar lleva material antimotines y armamento letal. Hay grupos que tienen entrenamiento especial, en su mayoría emplean gas. Si es un uniformado antimotines porta casco, escudo, gas, tolete.

Lucha social

Nelson Erazo, del Frente Popular, asegura que el estado de excepción obedece al crecimiento de la lucha social y como respuesta a las acciones y movilizaciones anunciadas. Asegura que no busca combatir la delincuencia que se combate con fuentes de trabajo.