Se busca sumiso para presidente

El tipo está prófugo de la justicia. Fue juzgado por cohecho y condenado a 8 años de prisión, al término de un proceso en el que se lo encontró responsable de dirigir una banda criminal, nada menos. Por si fuera poco, ya ha sido llamado a otro juicio: por secuestro (palabras mayores). Su partido político, el que fundó, ya no le pertenece; y el otro, el que tiene alquilado o transferido o lo que sea por ese otro mafioso que está, como muchos de sus amigos, preso por corrupto, se encuentra al borde de la inhabilitación por haber sido inscrito con evidente fraude según un informe de Contraloría: falsificación de firmas, usurpación de identidades, etc. Tal es la situación política de Rafael Correa en el momento en que decide, fiel a su inveterada manía de vivir en una realidad paralela, proclamarse candidato.

A la vicepresidencia, caso único. Lo normal es que el candidato a presidente elija con quién hacer binomio. Que en su caso sea al revés es una muestra clara de quién manda. Aviso clasificado: se busca sumiso pusilánime para encargarle la presidencia de la República. Resultará sorprendente ver cuántos se ofrecen. En las filas correístas es fácil encontrar personajes irreductibles al honor: sumisos “una y mil veces”, como dijo una, y a mucha honra.

Artero y sinuoso, el tipo quiere ejercer la Presidencia desde la Vicepresidencia porque postularse a presidente ya no puede. ¡Pero a vicepresidente tampoco! Ha sido un concurso de cómico retorcimiento conceptual el que han emprendido las variopintas lumbreras del correísmo, entregadas al intento de demostrar lo inaudito: que una persona inhabilitada para ser primer mandatario no lo está para segundo, cargo cuyos requisitos establecidos en la Constitución son, literalmente, “los mismos”.

“Está resuelto”, dice el tipo. Quiere decir: “Ya me resolví”. Los sumisos y sumisas, todos y todas, aprueban. Y se mueren de ganas de ser el títere elegido. O elegida.

Se encuentra sumisa con ínfulas

Alguna vez Marcela Aguiñaga propuso en la Asamblea conformar un comité de ética que se encargara, entre otras cosas, de señalar a quienes incurrieran en conflicto de intereses durante sus tareas de legislación o fiscalización. Si ese comité existiera, Marcela Aguiñaga sería su primer caso. ¿Cómo puede plantear un juicio político contra el contralor una persona que tiene cuentas pendientes con la Contraloría?

Exacto: es la historia de los terrenos de Los Samanes. En 7,1 millones de dólares estaban valorados los 66 lotes por los que Aguiñaga pagó 41 millones cuando era ministra del Ambiente: siete veces siete, casi. Un negocio de proporciones bíblicas. De ese mismo tamaño fue la glosa que le clavó Contraloría. Se habló de “error de buena fe”, frase que, junto con aquella otra de “seré sumisa una y mil veces cuando se trate de luchar y reivindicar los derechos de la mujer”, garantizan a la legisladora correísta su lugar en la historia: el lugar que le corresponde.

Conflictos con la Contraloría, Aguiñaga tiene varios. Especialmente aquellos relacionadas con su alegre manera de pasarse por el forro las licencias ambientales, los límites de las zonas protegidas y los protocolos de protección de la naturaleza a la hora de autorizar concesiones mineras. Por ejemplo en Loma Larga (Azuay), donde la Contraloría le adjudicó responsabilidades administrativas. El asunto se resolvió años después, ridículamente, con su destitución de un cargo (el de ministra) que ya no ocupaba. Pero el caso de Los Samanes no se ha resuelto. Aguiñaga apeló y se tramita en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Ahora ella quiere bajarse al contralor, ¿por qué será?

Que se está inmiscuyendo en asuntos electorales que no le competen, dice ella. Que sí le competen, desmienten constitucionalistas bastante mejor calificados que ella. Pero estamos hablando de Marcela Aguiñaga, la persona que se permitió descalificar como “ya superada” la doctrina de la separación de poderes de Montesquieu. Por la jeta. De eso se trata este juicio político: de puras ínfulas.