La inseguridad universitaria motiva reunion de rectores
La ministra de Gobierno anunció la detención de seis personas que colocaron bombas en la Universidad de Guayaquil. Ofrece apoyo a los centros de estudios.
La inseguridad que afrontan las universidades del país fue el tema tratado ayer en una reunión de trabajo que mantuvo la ministra de Gobierno, María Paula Romo, con rectores de diferentes centros de estudios superiores. La cita se desarrolló a puertas cerradas en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES).
La funcionaria señaló que no solo se trata de que la Universidad de Guayaquil haya sufrido agresiones. “Es el sistema universitario del país que no puede permitir que este tipo de acciones se den. No podemos confundir la autonomía, el autogobierno de la universidad, con ese tipo de acciones que han alarmado al mundo universitario y obligan a actuar a Policía y Fiscalía”, manifestó, ante la presencia de rectores y representantes de las universidades Católica, Guayaquil, Del Río, UTEG, Ecotec y UEES.
La inseguridad es un tema que incumbe a la Universidad de Guayaquil, a la ciudad, a la provincia y al sistema de educación superior, recalcó, al señalar que todos los rectores de las universidades del país cuentan con su respaldo, para que trabajen en un ambiente seguro.
Horas antes, Romo estuvo en la base aérea con el presidente de la República, Lenín Moreno, para dar a conocer la detención de seis presuntos responsables de colocar bombas en la alma mater.
Moreno confirmó que esto se produjo durante ocho allanamientos registrados en la noche del martes y madrugada del miércoles. Allí se encontraron mechones, granadas y ropa usada, así como una mesa donde se estaba fabricando otros artefactos explosivos.
La ministra reconoció que las investigaciones tomaron algún tiempo, ya que era importante establecer vinculaciones y motivaciones. “Se trata de dirigentes y exdirigentes de la universidad”, recalcó, tras asegurar que los atentados suscitados durante este año no quedarán en la impunidad.
En el cuartel de la Policía fueron presentados los detenidos que responden a los nombres de Washington P., de 66 años, quien sería la persona que detonó los artefactos explosivos en la ciudadela Salvador Allende; Joshua, P. (28), quien junto a su padre habría colocado los artefactos explosivos; Cristhian F. (25), exalumno de la Facultad de Comunicación Social, cuyo interés sería ocupar un cargo en la universidad y culminar su carrera. Él realizaba reconocimiento de cámaras de seguridad previo a la detonación del artefacto suscitado el 1 de agosto pasado.
También consta Daniel C., activista político, expulsado de la Facso; Víctor P. (32), quien se desempeñaría como colaborador directo de Cristhian F. y era el encargado de proporcionar la logística, y Felipe B., ingeniero químico (54), quien sería el encargado de proveer los insumos y armar los explosivos en su domicilio, por los conocimientos adquiridos en su profesión.
El rector de la universidad agradeció a la ministra, Fiscalía y Policía por el trabajo realizado y resaltó que ahora le toca a la justicia hacer su parte.
Yanina Villagómez, fiscal del Guayas, explicó que los detenidos serán juzgados como terroristas y que tendrían de 10 a 13 años de prisión.
En lo que va del año, en la Universidad de Guayaquil han explotado seis artefactos, que han ocasionado daños en infraestructura de los predios, en vehículos y han causado conmoción en los estudiantes.
El último fue el 22 de agosto en los exteriores del edificio donde funciona la oficina del rectorado.
El proceso
Representantes
En la rueda de prensa, en la base aérea de Guayaquil, también estuvieron presentes la presidenta del Consejo de Educación Superior (CES), Catalina Vega; el secretario de la Senescyt, Agustín Albán; el gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duart, así como representantes de la Policía Nacional.
Participantes
En los allanamientos participó la Policía Nacional, a través de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial (UIAD). Ellos ejecutaron la Operación Victoria 213, en la que participaron 30 servidores policiales y ocho agentes fiscales. Ellos recopilaron indicios relacionados con el delito de terrorismo.
Terrorismo
A los detenidos se les formularán cargos de acuerdo al delito (terrorismo) tipificado y sancionado en el art. 366 del Código Orgánico Integral Penal, que sanciona la colocación de artefactos explosivos en instituciones públicas que ponen en peligro a la población, que en este caso son los estudiantes.
