La indignacion estalla en el Leonidas Garcia
Un día después de la segunda suspensión de clases por la supuesta fuga de un tóxico en las fábricas del sector, los padres se hacen escuchar.
La rabia ha calado en sus cuerpos, incluso más que el mismo miedo que dicen sentir por la presencia del supuesto tóxico que está afectando la salud de sus hijos.
Los padres de quienes estudian en la unidad educativa Leonidas Ortega, ubicada en la avenida Casuarina, en el norte de Guayaquil, que el pasado martes por segunda ocasión cerró sus puertas luego de que once menores hayan presentado problemas de respiración, de piel y desvanecimientos, ayer cerca de las 15:00 alzaron su voz en señal de protesta.
Con llantas, fuego, carteles, gritos de indignación y uno que otro tambor que alentaba a los vecinos a sumarse a la causa, ellos solicitaron a las autoridades del plantel y al Ministerio de Educación, prontas soluciones.
“Estamos cansados de esperar, no queremos que transcurran más días de silencio...”. Los directivos, vociferó Elizabeth López, presidenta del Comité central de padres de familia, deben ponerle fin a esta situación tan desastrosa que está envenenando a los niños. “Llevamos un mes sin saber cuál es el origen del gas, sin castigar a los culpables”. El quemeimportismo de la autoridad, agregó también Marjorie Ponce, madre de Shirley Morales -de 12 años, asmática-, está ‘fregando’ a los chicos.
La ira de Ponce, que se asemeja a la del resto de familiares de los 4.000 alumnos que integran el centro de estudios, gira en torno a dos factores. El primero: la salud. No soporta pasar un día más pensando que a su hija se la van a entregar sin signos vitales. Y el segundo: la posible reubicación del plantel de la que habló la Subsecretaría de Educación el pasado martes.
“Dicen que para garantizar sus estudios, posiblemente los van a enviar a otras unidades. ¿Saben lo que implica eso para nosotros? Cambios, movilización, temor por tenerlos lejos, plata”.
Según los padres, el Leonidas García, en sus 59 años de funcionamiento, no ha presentado jamás problemas de este tipo. Por ello consideran absurdo que sean sus vástagos quienes deban pagar los platos rotos.
Apuntan a que la Dirección de Ambiente del Municipio -a cargo de los estudios sobre la toxicidad del aire- confirme si en realidad, como arrojaron los resultados tras el cierre anterior, los parámetros contaminantes de las fábricas que en el entorno se levantan, están por debajo de los niveles permitidos.
Aunque Educación aseguró que pedirá a esta entidad una ampliación del informe, a fin de determinar si existen otras sustancias que pueden estar causando los daños, hasta el cierre de esta edición al Cabildo no le había llegado el requerimiento. Aún así, dijo Jorge Rodríguez, vocero municipal, este ha empezado a monitorear a tres fábricas.
