Los imposibles de la ley contra los paraisos fiscales

La mayoría de ecuatorianos se pronunció, en consulta popular, en favor de que los funcionarios públicos no posean bienes en paraísos fiscales. Llevar eso a la práctica será un poco más complicado.

En la Asamblea ya se inició el trámite del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo para normar esa prohibición. Y la Contraloría advirtió la primera falla del proyecto presidencial. No son críticas a la forma, sino al contenido, según dijo el delegado de la entidad, Wilson Vallejo, en la Comisión de Justicia, el miércoles.

Según él, en la propuesta la Contraloría tiene que comparar las declaraciones juramentadas de los funcionarios para confirmar que hayan vendido o cedido sus bienes en paraísos fiscales. Pero la entidad, dijo, no tiene competencia para verificar la existencia de bienes y cuentas en el exterior.

Vallejo citó un ejemplo: ¿qué pasaría con el funcionario que contrató un seguro médico internacional, conectado con una empresa en un paraíso fiscal? El servidor estaría expuesto a perder su cargo por ello, dijo.

Otra de las deficiencias de la propuesta, según la oposición, es que contradice la Ley de Régimen Tributario que permite a cualquier ecuatoriano tener inversiones y dinero en paraísos fiscales, siempre que las declare y pague los impuestos.

Para Luis Fernando Torres, legislador de la alianza PSC-Cambio, la iniciativa discrimina a los funcionarios públicos. La ley, advirtió, no combatirá a los corruptos que tienen empresas off shore a nombre de testaferros. “Es una espada de Damocles para quienes ingresen al servicio público hasta marzo de 2018”, dijo.

El abogado guayaquileño Eduardo Carmigniani coincide con Torres en que la ley no sancionará a los servidores corruptos y advierte otros errores en el texto al pretender limitar la posibilidad de ceder o vender los bienes en el exterior a parientes cercanos o ‘terceros relacionados’.

Eso, dice él, no se preguntó en la consulta popular, por lo que debe “ser excluido”.

Carmigniani cree, además, que impedir donar bienes a los hijos los discrimina respecto de otros funcionarios con bienes en el exterior. También cree que hablar de terceros relacionados es poco preciso. “Si se quiere evitar simulaciones, la fórmula es sencilla: declarar de frente que no surten efecto las transferencias sin sustancia económica”. Eso no dice el proyecto del Ejecutivo.