En el país se trabaja en cómo retirar del mercado los residuos del aceite que se usa en los motores de vehículos y en las máquinas industriales, pero poco o nada se habla del destino final que están teniendo estos desperdicios. Y eso es lo que más preocupa a los industriales y a quienes importan lubricantes, pues el uso ilegal de este componente está alimentando un mercado negro que no solo afecta las ventas del negocio, sino a los ecuatorianos que ponen en riesgo la salud de sus automotores.

Al año, en Ecuador se venden 30 millones de galones de lubricantes nacionales e importados, pero la Asociación de Productores Ecuatorianos de Lubricantes (APEL) estima que de esa oferta al menos el 25 % es adulterada. En agosto del año pasado, EXPRESO alertó sobre la manipulación de este producto, la novedad ahora no solo es contar que el problema persiste, sino develar el nuevo uso ilegal que se le da al aceite usado: su alto grado calórico sirve para transformarlo también en un sustituto del combustible industrial.

En estos últimos días, los problemas de este sector han vuelto a salir a la luz. El Ministerio de Ambiente ha empezado a socializar el borrador de una nueva norma que establece compromisos y metas de recolección de residuos para todo este sector. Según el proyecto, las empresas estarán obligadas a elaborar un plan de gestión de residuos para cumplir con porcentajes graduales de recolección. Aprobada la ley, la disposición es que el sector en el primer año alcance a recuperar el 30 % del total del aceite lubricante puesto en el mercado y que año a año vaya incrementando su acopio en un 10 %; así, hasta alcanzar un desarrollo total del plan, con un 85 %.

Valeria Naveda, vocera de APEL, gremio que representa a las seis empresas más grandes de lubricantes que elaboran el 64 % de los aceites de consumo nacional, habla de lo importante que es que en el país se empiece a regular la gestión de estos residuos que, si no son bien procesados, podrían generar alta polución ambiental. “El aceite usado tiene metales que no solo son perjudiciales para un vehículo como tal, sino para quienes respiramos este aire contaminado”. No obstante, Naveda cree que con estas fugas de aceite, aún sin controlarse, las empresas tendrán dificultad de cumplir con la norma de recolección. Por ende también se teme por posibles sanciones.

“En el momento en que se crea una normativa en la cual se obliga a las empresas a recoger los aceites usados, la demanda de este componente se aumenta. ¿Qué es lo que va a pasar? Que este aceite siga subiendo de precio”. Este insumo es usado como una materia prima base, pero quienes lo procesan de forma informal e ilegal, comúnmente suelen añadirle aditivos que terminan generando un producto que se asimila al producto original pero que no siéndolo puede llegar a dañar el motor de cualquier vehículo. William Hidalgo, vendedor de una lubricadora, habla de las consecuencias. Para él no solo podría significar perder ventas, sino que sus clientes tengan que enfrentar pérdidas económicas. La reparación o reemplazo de un motor se cotiza entre los $ 4.000 a $ 5.000.

Agustín Guerrero, gerente general de Biofactor, productora y refinadora de lubricantes, menciona que la fuga del aceite usado también tiene como destino los hornos ilegales que no cuentan con las debidas exigencias técnicas y licencias para transformar estos residuos en combustibles industriales. Esta es una actividad que, dice, ha venido tomando fuerza desde que el anterior Gobierno decidiera eliminar el subsidio al diésel. “Lo que se ha generado es un impulso mayor por utilizar el aceite como combustible, una actividad que afecta principalmente a las empresas de cemento que requieren este componente para procesarlo de manera legal”.

Esta mayor demanda ha generado que este aceite usado, que antes no tenía costo, llegue a valer hasta $ 10 el tambor (55 galones), y que quienes se dedican a la recolección de manera formal tengan dificultad por acceder a este insumo. Biofactor, que invirtió en tecnología para procesar este componente bajo altos estándares, vio bajar casi en un 50 % su recolección mensual. “Nosotros en Quito recolectábamos unos 250.000 galones, ahora no llegamos a los 150.000. El costo realmente no es lo importante. Si la materia prima va a empezar a costar, está bien, pero que sea por una actividad legítima”, dice Guerrero.

La competencia desleal ha llevado a los representantes de APEL a presentar quejas en varios entes de control y, aunque algunas autoridades han dado respuestas, estas no han estado encaminadas a iniciar una debida inspección para contrarrestar el uso indiscriminado de este aceite, tipificado como un delito en los artículos 263 y 264 del Código Integral Penal. Según la normativa, la persona que distribuya o comercialice derivados de hidrocarburos, gas o biocombustibles de forma ilegal será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Igual para quienes adulteren la calidad o cantidad de este tipo de producto.

“No hay autoridad que controle”

La dirección de Defensa al Consumidor de la Subsecretaría del Sistema de Calidad del Ministerio de Industrias emitió la primera alarma a inicios de agosto del año pasado: en el país se había detectado una mala práctica de manipulación de los sellos de seguridad de envases de lubricantes automotrices e indicios de adulteración de productos.

Ante esta evidencia, bajo un oficio firmado el 31 de agosto del 2016, la Subsecretaría solicitó a la Intendencia General de Policía del Pichincha que corrija estas prácticas ilegales. No obstante, dice Valeria Naveda, vocera de APEL, en estos últimos 14 meses no se han conocido de acciones tomadas que ayuden a disuadir las citadas prácticas.

Esto, explica Naveda, ha hecho que ella y otros actores del sector recurran a otros entes de control, pero en vano. Al Ministerio del Interior, mediante oficio, se pidió tomar el liderazgo para seguir estas irregularidades del mercado, pero esta institución respondió, en abril de este año, no tener atribuciones legales ni competencias “para intervenir en los establecimientos dedicados a la producción, almacenamiento, manipulación y distribución de aceites lubricantes”. Esto llevó a los industriales a tocar las puertas de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífico (ARCH), pero la respuesta también fue negativa. “Allí nos dijeron que solo tenían competencia para inspeccionar a quienes cuenten con permisos de la ARCH. En caso de que un establecimiento no cuente con este permiso dicha institución no podría realizar fiscalización alguna”. Diario EXPRESO pidió una entrevista a la ARCH para analizar las alternativas que existen para poder iniciar un control, pero aún se espera una respuesta.