La guerra entre los gobiernos y la prensa es un mal que no se ha logrado erradicar, pese a los esfuerzos que han hecho diversas organizaciones pro derechos humanos en el mundo.

El problema casi siempre es el mismo: al poder no le agrada que los periodistas hurguen en sus asuntos, pese a que estos son irremediablemente de carácter público.

Lo ocurrido en Nicaragua con el diario Confidencial revela precisamente esta tendencia, luego de que publicara un informe que denunciaba la supuesta decisión de la primera dama y también vicepresidenta de ese país, Rosario Murillo, de reprimir con violencia las protestas que exigían el fin del gobierno de su esposo, Daniel Ortega.

Como prueba, el rotativo presentó un correo electrónico en el que la funcionaria ordenaba a sus colaboradores atacar a los manifestantes para silenciar así todas las voces disidentes, en un país cansado de la corrupción y del abusivo uso de la fuerza.

Esto provocó que la policía se tome las instalaciones. Sin embargo, muy lejos de amedrentarlos, los reporteros siguen trabajando en una habitación de hotel y desde un estudio de televisión prestado bajo la consigna de que las ideas no se matan.

La valentía de los nicaragüenses se replica también en Venezuela, donde el periódico El Nacional cerró su edición impresa por la monopolización del papel por parte del Complejo Editorial Alfredo Maneiro, controlado por el régimen. Pese a ello, los directivos han dicho que continuarán informando a sus lectores desde su página web, que será lanzada en los próximos días.

Atentar contra la libertad de prensa es la única alternativa que les queda a los gobiernos represivos que intentan unificar la verdad y controlar a la opinión pública a través de leyes para crear un Estado de propaganda.

Esta es el arma que usan ante la falta de transparencia cuando tienen mucho que ocultar. Sucede también en países en los que prevalece el respeto por la democracia. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha cancelado la cena navideña con los reporteros que cubren la Casa Blanca por la tensa relación que mantienen desde el inicio de su mandato.

El Ecuador, por su parte, está atento al debate legislativo sobre las reformas a la Ley de Comunicación, que aún tiene aspectos que se deben precisar. Hoy, más que nunca, el objetivo de la profesión debe estar orientado a velar por el bien común, al precio que sea.