Se acabó el plazo para que los partidos políticos inscriban a sus candidatos para ocupar 11.069 cargos de elección popular. La mayoría lo hizo a última hora, al apuro y con pocas posibilidades de que la ciudadanía participe activamente en el proceso de selección de quienes aspiran a dirigir los destinos de sus respectivas localidades.

El 24 de marzo de 2019 los ecuatorianos deberemos escoger a 23 prefectos, 23 viceprefectos, 221 alcaldes, 867 concejales urbanos, 438 concejales rurales, 4.089 vocales principales de las juntas parroquiales y siete consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, proceso que le costará al país 141’979.491 dólares.

Los últimos días fueron más de ajetreo administrativo para cumplir con los requisitos legales, que de socialización de propuestas o planes de trabajo para que la sociedad comience a reflexionar el voto.

Muchos de los postulantes no han tenido una carrera política destacada, así que deberán esforzarse más para convencer a un electorado huérfano de proyectos serios que les permita lograr una mejor calidad de vida.

Los más conocidos aún están en deuda, ya que todavía no han logrado identificar con precisión los problemas urgentes de sus jurisdicciones y tampoco articulado un discurso que se apegue a la realidad.

El fin del proceso de inscripción llega en un momento en el que el país se apresta a celebrar la Navidad y el Año Nuevo, mientras que enero estará matizado por las expectativas económicas tras el incremento del precio de las gasolinas y del salario básico unificado, así que estos temas políticos tendrán que esperar hasta el 5 de febrero próximo, cuando empiece recién la campaña electoral.

Serán 45 días en los que se aspira a que se promueva un debate serio entre los postulantes para conocer su verdadero talante y preparación.

El país no necesita más demagogia, sino un baño de transparencia y verdad por parte de sus dirigentes para avanzar en el desarrollo. Es hora de pasar de los discursos vacíos y lugares comunes a la toma de decisiones concretas por respeto a los mandantes y por el bien de la democracia.